La economía continúa desacelerada y tiene tres actividades (agropecuaria, construcción y comercio) prácticamente en recesión. La fase descendente del actual ciclo de crecimiento se ha prolongado más que en los anteriores y esto no augura nada bueno. El crecimiento esperado del PIB real al principio del año fue de 3,2 % para todo el 2019, cifra que cambió a un 2,2 % en julio, aunque el Índice mensual de actividad económica (IMAE) mostró en junio un crecimiento interanual de solo 1,46 %.
Más que acelerar la producción, parece que la preocupación actual es evitar una recesión generalizada o, peor aún, una deflación, lo cual significa que la gente deja de comprar o lo hace a un ritmo menor. Aunque las tasas de interés han disminuido, hay mayor disponibilidad de recursos prestables y la inflación acumulada a agosto (1,6 %) está por debajo del límite inferior de la meta establecida por el Banco Central.
Los ciudadanos todavía no perciben las mejoras en producción y empleo anunciadas por el gobierno en su programa de reactivación económica a fines del 2018. Con excepción de algunas acciones para eliminar trámites engorrosos de larga data y de avances en proyectos viales ya financiados, es poco lo visto en cuanto a reactivación desde esa fecha. En consecuencia, consumidores y empresarios todavía no se animan a gastar y a correr riesgos de cara a un futuro poco promisorio. De continuar esta coyuntura, no se descartan más reducciones en la demanda, la producción y el desempleo, en medio de una economía mundial desacelerada y amenazada por controversias comerciales.
Incertidumbre. La política monetaria parece estar agotada y la fiscal cuenta con escaso grado de libertad para el gasto público. La situación puede tornarse más dramática si los diputados no autorizan al gobierno colocar más deuda en el extranjero y obtener préstamos con organismos internacionales en los montos para cubrir sus necesidades, de lo contrario, debería vender buena parte de sus bonos en el mercado interno, lo que presionaría al alza las tasas de interés y retrasaría aún más la reactivación económica.
Mientras no se consoliden las medidas de la reforma fiscal para incrementar los ingresos (de tercer mundo) y controlar los gastos (de primer mundo), estaremos lejos de estabilizar el déficit financiero y de revertir el crecimiento de la deuda. Es cansino repetirlo, pero hay que buscar alternativas a la colocación de deuda soberana como único medio de financiar los déficits. Diferentes instancias, economistas, cámaras y asociaciones empresariales han propuesto el cierre, fusión o venta de instituciones y activos improductivos del Estado, o de aquellos que constituyen monopolios.
Respecto de esto último, sería una pena aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, la cual sanciona a empresas que incurren en prácticas anticompetitivas, si solo se aplicara al sector privado y no, por ejemplo, a actividades como la generación y distribución pública de electricidad y comercialización de combustibles. ¿No debe el gobierno dar el ejemplo?
Dinamizar el crecimiento. Una de las medidas más significativas para dinamizar nuestras exportaciones (prácticamente estancadas) y la economía es la incorporación a la Alianza del Pacífico, a la cual no se le ha prestado la atención debida, pese a que Costa Rica mostró un interés inicial y dio los primeros pasos para adherirse. El proceso se desalentó al asumir la actual administración presidencial y no se menciona en el nuevo plan para generar empleo y reactivar la economía, dado a conocer el viernes 6 de setiembre pasado.
Lo anterior es una contradicción porque el país se ha beneficiado grandemente de la apertura comercial durante los últimos 30 años. De hecho, somos una de las economías más abiertas del mundo, con tratados de libre comercio que abarcan alrededor del 85 % del intercambio de productos del país. Por nuestra pequeñez, enfrentamos una demanda externa prácticamente infinita que, por lo demás, constituye una apuesta para sustentar el crecimiento económico.
Paralelo a ello, se deben adoptar medidas para aumentar la productividad, fortalecer la competitividad, disminuir el proteccionismo, reducir los márgenes de intermediación financiera y fomentar más alianzas público-privadas en obras de infraestructura, entre otras. Cada una de las agendas debe diferenciar acciones y resultados a corto, mediano y largo plazo.
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El autor es economista.