La eliminación de residuos sólidos fue declarada emergencia nacional en 1991. Sin embargo, no fue hasta la administración Figueres Olsen (1994-1998) que el gobierno nombró un ministro para tratar el problema. Aun así, la iniciativa no prosperó, como tampoco dio resultado positivo la comisión conformada en la administración de Abel Pacheco (2002-2006). Después de la aprobación de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, hubo un avance.
El rezago de hoy en la forma como se dispone de los aparatos eléctricos y electrónicos no es la ausencia de leyes, comisiones o unidades de cumplimiento, sino de la falta de un sistema de trazabilidad y fiscalización.
Según el Informe global de desechos electrónicos, deshacerse de 48 toneladas de basura electrónica inadecuadamente es problemático debido a los componentes tóxicos que contienen, como los metales pesados, los cuales son absorbidos por los suelos, van a dar a aguas subterráneas o se combinan con el aire.
Por lo tanto, la mala gestión viola las leyes y priva a los costarricenses del derecho al bienestar ambiental.
Para resolver este problema que pone en riesgo la salud, se debe crear un nuevo programa de trazabilidad que facilite el trámite a empresas y personas dedicadas a entregar aparatos eléctricos y electrónicos a compañías con la infraestructura para reciclarlos. El proceso sería en vano si no se informa a la población sobre las distintas maneras de desechar adecuadamente este tipo de basura.
Es cierto que campañas de reciclaje, como Ambientados, han generado la toma de conciencia con respecto al problema y han recolectado cantidades significativas de residuos, pero resultan ser un remedio efímero.
La verdadera solución se encuentra en la creación de un proceso participativo. En otras palabras, los ciudadanos, los productores y las unidades de cumplimiento deben definir en un contrato cómo van a descartar el aparato eléctrico o electrónico cuando este haya concluido su vida útil.
Es inevitable que la creación de un nuevo programa de trazabilidad y más fiscalización lleve a las empresas a aumentar los precios de sus productos, pues implica la creación de nuevos servicios.
No obstante, la puesta en funcionamiento de mecanismos para el cumplimiento de la ley va a reducir la proliferación de elementos tóxicos en el ambiente.
Además, el establecer cuotas obligatorias será un impulso económico para las pymes cuyo negocio es el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Por consiguiente, van a generar economías de escala en este mercado ecoamigable.
clomontealegre@gmail.com
El autor es estudiante.
Escuchar