Alberto Delgado P.. 20 marzo

Es usual decir que todos son buenos árbitros los lunes. En otras palabras, resulta fácil criticar lo que se hizo bien o mal una vez pasados los hechos.

En cuanto a la emergencia nacional por la covid-19, es viable cuestionar si algunas medidas establecidas hoy debieron haberse tomado hace algún tiempo, pues, en la era de la globalización, había información sobre lo que ocurría en otros países y, más temprano que tarde, llegaría a tierra costarricense.

Nadie imaginó hace un mes que 30 días después el país estaría viviendo un escenario como el presente.

Pero como no se trata de ser árbitro en lunes —sería un ejercicio estéril—, sí es posible adelantarse un poco en el tiempo (prospectiva) a partir de lo aprendido por otras naciones sobre el virus y la rapidez del avance para definir cuáles medidas adicionales debieron adoptarse antes (retrospectiva) y, así, lograr que Costa Rica sea más eficiente en esta guerra, cuyos primeros fallecidos ya contabilizó.

Aprender del pasado ajeno. Dentro de unos meses, al volver atrás, probablemente se pensará que ameritaba dar orden de cierre a todo establecimiento y actividad comercial, excepto a negocios de alimentos y medicinas.

De ese modo, vendedores de lotería, talleres automotores, librerías y universidades privadas, entre una larga lista de comercios que, quiéranlo o no, están favoreciendo la cadena de contagio, se habrían detenido. Las ventas de alimentos habrían recibido custodia policial con instrucciones de evitar acaparamientos y mantener el orden.

La directriz presidencial 073-S-MTSS, de marzo, en el apartado titulado “Sobre las medidas de atención y coordinación interinstitucional ante la alerta sanitaria por coronavirus (covid-19)”, se habría remitido cambiando el verbo “instar” por “ordenar”, con la finalidad de que los jerarcas de las instituciones entendieran que el Poder Ejecutivo da instrucciones a las cuales deben sujetarse y, por lo tanto, se debía retirar de las calles a todo funcionario cuya movilización no sea indispensable. Eventualmente, este ejercicio generará réditos en el avance del anhelado gobierno digital.

También, se habría dado trámite al proyecto de ley necesario para activar el inciso 7 del artículo 121 de la Constitución Política, que autoriza a la Asamblea Legislativa a suspender los derechos y garantías individuales hasta por treinta días.

Puede ser peor. Si se observa la situación de cierre de fronteras al turismo, suspensión de los cursos lectivos, cancelación de las actividades religiosas, clausura de centros de diversión y actividades deportivas y recreativas, entre otras restricciones, es posible llegar a la conclusión de que los planteamientos de los párrafos anteriores no son distantes y, por tanto, no tendrían mayor perjuicio en una economía que ya recibió un fuerte freno, al igual que otras muchas en el mundo.

Las propuestas pretenden proteger a la población nacional, prioridad en la acción del Estado, y contribuir a la reactivación económica, pues lo único peor que terminar de paralizar al país por unas semanas sería que el coronavirus dure unos meses.

Si ocurriera, daría la estocada final a una gran cantidad de empresas y pondría en condiciones económicas mucho más lamentables a una población que, antes de la pandemia, figuraba en las elevadas tasas de desempleo.

El ejercicio de retrospectiva en prospectiva no es fantasioso. Probablemente, nadie imaginó hace un mes que 30 días después el país estaría viviendo un escenario como el presente.

Queda convertir los llamados, invitaciones, instancias, favores, etc., hechos reiteradamente por las autoridades sanitarias, en instrucciones para la protección de la vida humana.

Por fortuna, el Estado de derecho costarricense tiene previstos los mecanismos para tomar estas acciones dentro del marco de la vida democrática.

El autor es economista.