Los detractores del proyecto de ley para regular las huelgas le han atribuido efectos negativos fundamentados en gran cantidad de mentiras y argumentos falaces.
Quienes proceden así lo hacen para tergiversar, causar confusión y deslegitimar la verdadera intención de la iniciativa, a saber: equilibrar el derecho de ir a huelga con el derecho de todas aquellas personas que no participen en estos movimientos a recibir servicios públicos de manera continua y segura.
El corazón del proyecto es proteger a los ciudadanos, principalmente a las personas más vulnerables, quienes resultan perjudicadas porque cada vez que hay una huelga sus libertades ciudadanas y derechos de atención médica son violados. Además, los estudiantes no están seguros en escuelas y colegios ni existe garantía de contar con servicios de policía, bomberos y atención de emergencias.
El proyecto es un esfuerzo más de los necesarios para cambiar las leyes de manera tal que el país avance por el camino correcto, con una moderna legislación.
Garantías intactas. Una de las mentiras más difundidas por quienes acostumbran utilizar las redes sociales para ganar likes e infundir miedo es el argumento absurdo de que el proyecto desaparecerá a los sindicatos o silenciará las protestas.
¡Falso! Todo ciudadano mantiene su derecho universal de manifestar lo que piensa, y fuera de horarios de trabajo, como ya se hace en Costa Rica y otras partes del mundo, las personas, organizaciones civiles y sindicales, o de otra índole, pueden protestar, marchar o concentrarse para dar a conocer sus posiciones. La huelga se permite en servicios calificados como de trascendental importancia y la categoría especial de educación.
El proyecto contribuye a fortalecer nuestra democracia porque regula y pone en orden las reglas del juego para las personas que van a huelga, sin atropellar los derechos de la ciudadanía a los servicios fundamentales.
Costa Rica debe contar con una ley de avanzada. No debemos esperar más para tomar las decisiones en ese rumbo.
En concreto, el proyecto 21049 agiliza considerablemente los trámites y procedimientos para que se determine la legalidad o ilegalidad de una huelga y establece la obligación de que los sindicatos reporten una dirección electrónica para ser notificados, medida que brinda agilidad y seguridad jurídica a las partes.
Suspensión de contrato. En cuanto a la reducción de salarios a los huelguistas, se establece en nuestro país esta medida, como en muchas otras naciones, en aquellos casos en los cuales los movimientos sean declarados ilegales, una norma justa, dada la suspensión del contrato de trabajo.
El proyecto, lejos de ser una imposición, como alegan algunos, fue ampliamente consultado en audiencias y comparecencias a múltiples sectores.
Las organizaciones sindicales, el gobierno, especialistas en derecho, magistrados y empresarios fueron escuchados.
El texto final es fruto de una negociación responsable y del consenso en aras del establecimiento de un equilibrio social que fortalezca nuestra democracia. Decir lo contrario, es buscar réditos populistas y mezquinos que, en lugar de fortalecer y defender la institucionalidad democrática, la mancillan.
Para solucionar los conflictos laborales, cuando se trate de trabajadores en servicios esenciales, que no van a huelga, se fortalecen los mecanismos de negociación, conciliación y arbitraje como garantía para ellos.
El proyecto pretende modernizar el marco legal de manera que podamos garantizar a los costarricenses el respeto de los derechos fundamentales como el acceso a los servicios de asistencia médica, seguridad y educación.
Tengo gran esperanza y estoy muy optimista de que lograremos hacer los cambios en las leyes para evitar que los estudiantes pierdan tantos días de clases por las huelgas y que los costarricenses, sobre todo, los más humildes y trabajadores, reciban la atención en los hospitales y clínicas.
La autora es diputada.