Leonardo Morales Castro. 1 octubre

El diputado José María Villalta presentó recientemente un proyecto de reforma electoral para introducir el voto preferente y una regla para atender las preocupaciones sobre igualdad de género, hoy tan en boga.

Propone añadir un artículo 205 bis, según el cual el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reordenará la lista de cada partido con el fin de garantizar los principios de paridad de género, colocando en el primer lugar de la lista a la persona más votada, sea hombre o mujer, y, en el segundo, al más votado del género opuesto, y así sucesivamente hasta llenar todos los puestos que se adjudiquen al partido en cuestión.

Su propuesta es originaria de otros países de la región y ha resultado fallida, al punto que ha sido abandonada en algunos y, en otros, perdura precisamente porque quienes han alcanzado una curul, merced al voto preferente, se niegan a erradicarlo.

Ya aquí aparece un primer elemento de dudoso carácter democrático, puesto que en una lista determinada, por ejemplo, los cuatro candidatos que obtengan más votos preferentes pueden pertenecer a un mismo sexo; sin embargo, quienes ocupen los lugares 2, 3 y 4 preferentes deberán ceder ante el que ocupe el lugar 5, si es de sexo distinto al del primer lugar.

El empoderamiento del elector y el fortalecimiento de la representación política implícitos en el proyecto se ven menoscabados por las muchas carencias que el ejercicio del voto preferente ha evidenciado en los países donde se practica.

Consecuencias. Debilita la disciplina partidaria; produce pérdida de cohesión de los partidos porque pierden control sobre los actos de sus candidatos una vez elegidos, situación que disminuye la fuerza, aún más, de nuestros partidos políticos, ya muy afectados por el disenso y el transfuguismo.

Produce pugnas entre candidatos de una misma agrupación, por cuanto estos compiten entre sí. El candidato se ve compelido a trabajar en su propia campaña de promoción personal de cara al electorado, sobre todo, cuando no haya logrado ocupar un lugar privilegiado en la lista de su partido.

Para financiar su campaña personal, los aspirantes deben procurarse fondos propios, financiamiento directo que no suelen reportar a sus respectivos partidos ni menos aún a los organismos electorales.

No solo compromete al candidato con los donantes en caso de alcanzar la curul, sino que lo inclina a no cuestionar el origen de los fondos cuando provienen de fuentes ilícitas. Esto es muy grave en un país donde algunos dirigentes han estado involucrados en demandas judiciales por mal manejo de fondos de la deuda política.

Difícil de eliminar. Peor aún, una vez instituido el voto preferente, resultará difícil eliminarlo, pues se opondrán los diputados elegidos mediante este mecanismo.

En Perú, fue adoptado en 1977, durante la dictadura militar de Francisco Bermúdez y, aunque ha sido muy cuestionado, no ha podido ser erradicado.

En las elecciones al Congreso peruano del 2016, los votantes preferenciales representaron el 23 % del total de los sufragios, lo cual revela que la mayoría de los electores no ejercen el voto preferente y se decantan por la lista del partido de su preferencia.

Es previsible que ocurra lo mismo en Costa Rica, puesto que un elector de Pérez Zeledón tendrá un conocimiento escaso, o nulo, de un candidato del área metropolitana, o uno de Corredores, de uno del cantón central de Puntarenas.

República Dominicana lo practicó a partir del 2001 mediante una resolución del Organismo Electoral y tan destructivo fue para la institucionalidad partidaria que el mismo organismo lo eliminó en el 2010.

Cuando Villalta afirma en su artículo “Bondades del voto preferente” (“Opinión”, 16/9/2019) que el sistema republicano y democrático costarricense es suficientemente maduro para reformarse desde sus propias raíces y desde su propia legalidad sin importar modelos extranjeros, desconoce que su propuesta es originaria de otros países de la región y ha resultado fallida, al punto que ha sido abandonada en algunos y, en otros, perdura precisamente porque quienes han alcanzado una curul, merced al voto preferente, se niegan a erradicarlo.

Propuesta rechazada. Villalta fue uno de los más críticos de la propuesta de reforma electoral lanzada por Poder ciudadano ¡Ya! (sistema mixto proporcional), la cual ofrecía una democratización de la elección parlamentaria a lo largo y ancho del territorio nacional, y promovía la cercanía entre electores y candidatos.

Dicho planteamiento se apartaba de la decimonónica circunscripción provincial, que tanta inequidad trae a la representación política en el Parlamento.

Que Villalta y otros, como los profesores de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), entre ellos, algunos influyentes militantes del Frente Amplio, la adversaran, es perfectamente admisible, pero que rehusaran que fuera discutida en la Asamblea Legislativa, es la negación del noble lema de la UCR: Lucem aspicio; en español: “En busca de la luz”.

El autor es ingeniero químico.