Comparto la intención del Congreso de trasladar la rectoría del empleo público a la Dirección General de Servicio Civil y no dejarla en manos del Mideplán, a pesar de que en la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas así se dispuso.
El Ministerio no ha ejercido la mejor rectoría en la ejecución de las disposiciones contenidas en el título III de esa ley, que trata precisamente sobre la materia. Tampoco tiene capacidad técnica porque su personal no es especialista en empleo público.
La gestión del talento humano, que colectivamente llevan a cabo las instituciones estatales, con excepción de las entidades amparadas al régimen de servicio civil, el resto lo hace de manera desarticulada y sin la orientación de un ente estatal, como pretendieron los constituyentes en 1949.
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Es preocupante, sin embargo, que, sin antes investigar, el Congreso pretenda asignar la rectoría al cascarón que es hoy la Dirección General de Servicio Civil.
Desde cuando fui su director general se ha jubilado personal gerencial, profesional y técnico especializado y no se sustituyó oportunamente debido al congelamiento y eliminación de plazas.
Esa peligrosa desvinculación de personal técnico especializado continúa y le resta cada vez más capacidad para atender las 47 instituciones que tiene a su cargo.
Rango constitucional. El Congreso debe considerar también la creación o modificación de normas para elevar a la Dirección a rango constitucional, porque ella no es producto de una ley ni de un decreto ejecutivo, sino de acuerdos presidenciales de 1953, lo cual le resta jerarquía dentro del sistema de empleo público.
Si deja de ser una dirección de la presidencia de la República para transformarse en un ente del Poder Legislativo, deberá ser modificada, asimismo, la denominación, ya sea por una secretaría técnica de empleo público (STEP), un instituto nacional de empleo público (INEP) o algo similar, que elimine el posicionamiento negativo y equivocado existente en la mente del funcionariado y la institucionalidad costarricense, que cuando escucha el término servicio civil lo simplifica a una entidad dedicada a realizar pruebas y enviar ternas a los ministerios para que estos seleccionen a su personal.
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En consecuencia, la Dirección abandona otras labores significativas, como el análisis ocupacional, las remuneraciones, la capacitación y el desarrollo.
Deberá dotarse, entonces, de los recursos presupuestarios necesarios que le permitan actualizar la plataforma tecnológica, con la finalidad de desarrollar los programas informáticos con miras a sistematizar sus procesos actuales y los que se le asignen junto con el nuevo papel si llegara a aprobarse.
Precisa, además, más recurso humano especializado y autorización para reutilizar sus plazas vacantes —actuales y futuras— hasta alcanzar la cantidad de empleo suficiente para cumplir satisfactoriamente la rectoría.
Adaptación. La estructura organizativa y funcional debería ser ajustada a las nuevas responsabilidades y abandonar el trabajo que viene haciendo a sus actuales instituciones, labor que podrían asumir sus oficinas de gestión de recursos humanos institucionales, como deberán hacerlo también las instituciones que formarían parte de este nuevo régimen de empleo público.
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Así, la Dirección podría dedicarse exclusivamente a los tres roles que, como rectora, le corresponderían: emitir reglas, lineamientos, directrices y demás normativa requerida en esta materia; brindar acompañamiento técnico a las instituciones incluidas en el artículo 2 de la ley con el fin de orientarlas en la adecuada ejecución de los diversos subsistemas de la gestión del talento humano; y el debido control y supervisión en el cumplimiento de dicha normativa. Para todo ello, deberán hacerse las modificaciones en el Estatuto de Servicio Civil.
No vaya a ser que después se responsabilice a la Dirección del fracaso o retraso en la ejecución de la futura ley por no haber tomado las previsiones tendentes a fortalecer y transformar la institución, o nueva entidad, y abrir la oportunidad para que el Mideplán injustamente considere y manifieste que se debió al cambio de timón.
El autor fue director de Servicio Civil del 2014 al 2018.