EscucharDesde hace unos 40 años, no ha habido debate en la Asamblea Legislativa sobre el papel de las universidades en la sociedad.
No es hasta ahora cuando, en la comisión especial para analizar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo hemos tenido con el afán de conocer cómo se administran los recursos públicos asignados.
De acuerdo con la Contraloría, incluido el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN), el país destinó a la educación universitaria este año el 1,5 % del PIB, más de ¢500.000 millones.
En el país, no se efectúa una evaluación del impacto de la actividad universitaria. No se cuantifica el efecto económico y social de la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico y la Universidad de Costa Rica. Tampoco han sido evaluadas por un tercero para determinar, con una mirada objetiva, el valor público de sus actividades y las deficiencias a fin de mejorar.
Tanto la ministra de Hacienda como la contralora han señalado que, de no revisarse los gastos y la forma como se financian las universidades, la sostenibilidad del FEES corre un alto riesgo. La contralora, Marta Acosta, ha dicho que tres universidades estatales están en peligro de quedarse sin fondos antes del 2025. ¿Cómo no llamar la atención de los rectores —aunque les moleste— y de la opinión pública si el problema es tan serio?
Las universidades deben cumplir la regla fiscal, transformar las anualidades a monto nominal y respetar las demás disposiciones de la Ley 9635. Salarios millonarios en esas instituciones no son sostenibles ni proporcionales a la realidad de nuestra economía.
A raíz de la fuerte desaceleración en la economía mundial, Alemania, Estados Unidos y China están tomando medidas para afrontar una posible recesión. Factores externos e internos amenazan la estabilidad financiera del país. Al problema del déficit fiscal, debemos agregar la incidencia negativa de fenómenos naturales en la producción agrícola; además, como ya lo han advertido organismos internacionales y el Banco Central, se prevé un bajo crecimiento económico en los próximos años.
Por lo anterior, mucho se ha insistido al Poder Ejecutivo ejecutar un plan de reactivación económica. Las universidades públicas, donde se concentran la actividad y los recursos para investigación, son determinantes en el desarrollo de sistemas de innovación, que, a su vez, derivan en economías diversificadas, potentes y rentables.
Las agendas de investigación deben coincidir con las necesidades productivas del país. Lo meramente académico reviste un gran valor; no obstante, en un país con recursos limitados y en una difícil coyuntura, la prioridad es promover y mejorar el crecimiento de la producción.
Regionalización. El Sétimo Informe Estado de la Educación, recién publicado, señala que en 10 años la cobertura universitaria no creció y el 60 % de los programas llevan una década sin actualizarse, principalmente, las carreras educativas, pese a que el crecimiento nominal del FEES ha sido superior al 50 % entre el 2013 y el 2017.
Las regiones en más desventaja en el proceso de democratización de la educación pública universitaria son la Brunca y la Huetar Norte. Los jóvenes de la zona sur para estudiar Medicina en la UCR han debido separarse de sus familias y sacrificarse económicamente, en el mejor de los casos, porque para muchachos de escasos recursos es impensable algo así.
La tan mencionada democratización en decenas de simposios, mesas redondas y congresos universitarios no llega; mientras tanto, generaciones enteras de las zonas más vulnerables no pueden acceder a la carrera de su predilección.
¿Por qué tanta resistencia de los rectores a abrir Ingeniería o Medicina fuera de la región central? Las respuestas hasta ahora no satisfacen.
Acreditación. El Estado de la Educación nos da a entender la trascendencia de la acreditación obligatoria de las carreras impartidas en universidades públicas y privadas e internacionales que funcionan en el país.
Deben someter a revisión y actualización los programas en la carrera de Educación, si realmente deseamos crecer y garantizar la calidad de la enseñanza en todos los niveles.
Nuestro sistema educativo está urgido de reglas que exijan capacidad profesional a nuestros educadores. Los rectores están obligados a no pensar distinto y a encauzar la acreditación como cultura sistematizada; la propia autonomía les facilita el camino para universalizar la excelencia.
El autor es diputado.
