Ana Lucía Delgado Orozco. 9 septiembre

La información y la transparencia en el uso de los datos cobra relevancia por la coyuntura nacional. Muestra de ello es la constante solicitud al gobierno de datos y planes integradores en materia de reactivación económica y consolidación fiscal. El país espera conocer el derrotero, en virtud de la necesaria confianza en momentos de incertidumbre.

En el proyecto de presupuesto 2021, el Ministerio de Hacienda integra información que retrata una realidad, apremiante y voraz, sobre el endeudamiento y la estabilidad de las finanzas públicas, que obliga a la lectura y revisión de un presupuesto atípico, bajo distintas perspectivas.

El Poder Ejecutivo debe asumir, de una vez por todas, la realidad de la situación y, a partir de ella, entregar al país las acciones extraordinarias y urgentes que obligan las circunstancias y el mandato popular que recibió.

La comprensión de tales medidas, en procura de mayor transparencia gubernamental y confianza nacional, deberá integrar medidas de reducción de gasto, complementadas con medidas estructurales, de mejora recaudatoria, de reducción del incumplimiento tributario, así como del gasto tributario y una inteligente y estratégica gestión de la deuda.

El producto de ese ejercicio de diseño debe orientarse a evitar el riesgoso, explosivo e insostenible sendero de endeudamiento del Gobierno Central, proyectado para el 2021 por el Ministerio de Hacienda en un 80,5 % del PIB.

Futuro preocupante. Una proyección de Hacienda de déficit financiero para el 2020 del 9,9 % del PIB y de necesidades de financiamiento para el 2021 del 17,5 % del PIB, debería desencadenar una honda preocupación nacional por el futuro de los costarricenses.

En primer lugar, porque el presupuesto ordinario de más de ¢11,4 billones para el 2021 (un 31,9 % del PIB) será financiado en un 54,9 % con endeudamiento y un 45,1 % con ingresos corrientes. Eso contrasta con un 71 % de gasto corriente y tan solo un 5 % de gasto de capital o inversión para la reactivación económica.

En segundo lugar, por el aumento en las necesidades de financiamiento para el 2021, puesto que crece un 2,4 % más que la definición dada en los datos macroeconómicos del Banco Central semanas atrás, proyectados en un 15,1 % PIB para ese mismo año, lo que ya era suficientemente grave y con perspectiva de convertirse en un escenario de mucha mayor incertidumbre e insostenibilidad financiera.

Como hecho comparativo: las necesidades de financiamiento, en promedio, en los últimos años, excluyendo el 2020, rondaron el 11 % del PIB, según la Dirección de Crédito Público.

Tales números dejan ver un catastrófico escenario de endeudamiento para el país, que al 31 de julio alcanzó en el Gobierno Central los ¢22,7 billones, de los cuales ¢17,5 billones, aproximadamente, corresponden a deuda interna y ¢5,2 billones, a deuda externa. Este año cerrará con ¢24,2 billones, lo que equivale a una relación deuda/PIB del 70,3 %.

Pero esas cifras no se contraen en las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el 2021, todo lo contrario. Se calcula que dicho monto llegará a cerca de ¢28,8 billones, lo que representará en dicha relación un 80,5 %.

Es más, de los cuatros escenarios de límite del gasto previstos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya sobrepasamos el umbral del 60 % del PIB, lo que limita a un 65 % el gasto total, y ya no solo el gasto corriente, como en los tres estadios anteriores.

Otro dato relevante viene de la mano con la caída de los ingresos en más de ¢1,2 billones, certificada por la Contraloría.

Presión sobre el mercado. Del financiamiento proyectado de 14,1 % para este año, un 7,1 % fue provisto por deuda doméstica más cara y a corto plazo, y un 5,3 % con deuda externa más barata y a mediano plazo. Sin embargo, lo más preocupante para el 2021 es que Hacienda prevé que se cubran sumando un 13,7 % de deuda doméstica (deuda cara) y un 3,8 % con deuda externa (deuda barata), lo que implicará inevitablemente una presión sobre el mercado de liquidez nacional y eventuales aumentos en las tasas de interés, lo cual desfavorecerá el crecimiento económico y la inversión.

La conclusión es que estamos en una muy grave situación. El presidente debe obligar a todos los jerarcas de las instituciones públicas a revisar, de forma pormenorizada, sus presupuestos, los gastos restantes del 2020 y del 2021, y acompañarlo de medidas estructurales, y evitar el aislamiento institucional cuando de recursos se trate.

El Estado se encuentra superado por la realidad. Mermamos lamentablemente los recursos de programas de inversión social e infraestructura pública, y seguimos sin marcar la ruta ni concluir las urgentes reforma del Estado y empleo público.

De no concretarse las acciones, serán las próximas generaciones las que terminarán pagando las deudas que se contraigan hoy, y deberán juzgar la historia, estancada en lecturas superfluas sin resoluciones profundas.

Costa Rica es un país que exige la responsabilidad de sus gobernantes. Exige tomar medidas con sentido, equilibradas, que no destruyan el tejido social y protejan a los grupos más vulnerables, el empleo y el ingreso de las familias. No es posible olvidar que la situación actual no vino por la covid-19, las tasas de desempleo, endeudamiento y déficit fiscal eran altas, y la pandemia tan solo aceleró los problemas.

El proyecto de presupuesto del 2021 es atípico, y está presentado en una coyuntura sanitaria y socioeconómica muy compleja, como tal, tenemos la obligación de ver con claridad el panorama actual y, sobre todo, el futuro.

La autora es diputada.