Pablo E. Vargas M.. 14 agosto

Hace poco más de un año, durante una conferencia en Lima, Perú, Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, y otros tres empresarios de Latinoamérica, conversamos porque Ross quería que aumentáramos nuestras inversiones en su país.

Ross habló de las exenciones de impuestos estatales y otros beneficios, que los estados de la Unión ofrecen. Nos dijo que los estados compiten vigorosamente para atraer inversiones y que pueden dar rebaja o exención en el impuesto sobre las ventas y en los territoriales.

Propongo al presidente, Carlos Alvarado, convertirse en un promotor de la inversión, dejar de lado tintes ideológicos y optar por el pragmatismo.

En cuanto a los impuestos federales, comentó que, adicional a la reducción del 35 % al 21 %, hubo un cambio que permite una depreciación acelerada de las nuevas inversiones. De modo que una empresa que invierta fuertemente durante varios años deduce de los impuestos esos montos completos de inmediato, y así disminuye su tasa efectiva de impuesto sobre la renta, convirtiendo a todo el país en una especie de zona franca, la más grande del mundo.

Me quedó claro que Estados Unidos tiene una estrategia de “reactivación”, se llama atracción de inversiones, y Ross es uno de sus promotores. Los estadounidenses saben que no hay reactivación sin inversión. Por eso, prácticamente nadie está desempleado, mientras que aquí nos quieren acostumbrar a un 11 % o 12% de desempleo.

Tres ideas para iniciar. Propongo al presidente, Carlos Alvarado, convertirse en un promotor de la inversión, dejar de lado tintes ideológicos y optar por el pragmatismo. No podrá utilizar los impuestos a su favor para las inversiones fuera del régimen de zonas francas, pero sí le es posible hacer muchas cosas para recuperar la confianza del inversionista nacional y extranjero. Necesitará estar convencido de la conveniencia de la inversión. Esto no se logra con un Plan Nacional de Desarrollo de 270 metas, y cuya máxima aspiración económica es llegar a un crecimiento de por lo menos un 3,3 % en el 2022.

El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Gobierno del Bicentenario tiene un gran nombre con un tamaño acorde con sus 270 metas, pero al final, necesitamos ser más prácticos. ¡Tenemos un 12 % de desempleo!

Alvarado podría pedirle ayuda a Cinde para que escriba en dos páginas una política de inversión de solo tres metas, no 270, y dirija su ejecución. No hablo solo de la inversión extranjera para zonas francas, lo cual Cinde hace muy bien, sino que promueva una nueva política de inversión interna y externa para las áreas industriales, agrícolas y de servicios fuera de las zonas francas.

Por inversión interna me refiero a la de empresas y personas residentes en Costa Rica, que día tras día deciden si colocan su dinero dentro o fuera del país. En Costa Rica, si uno llega con dólares y habla inglés, lo reciben en Cinde con alfombra roja y le explican cómo hacer ágilmente una inversión en un centro de servicios o en una operación de manufactura de dispositivos médicos, pero si uno habla español y llega con colones debe empezar por armarse de paciencia franciscana, comprar una fotocopiadora para tener mil copias de su cédula y enfrentarse al monstruo de 15 cabezas en que se ha convertido el gobierno. ¿Por qué, si soy inversionista nacional, no me atiende Cinde o algo equivalente?

Inversión. Necesitamos que el capital privado sea socio en proyectos públicos con reglas claras y transparencia. Podríamos pedir ayuda a Chile, que hace esto muy bien (ya existe un convenio marco de asistencia técnica entre las dos naciones y hay buena voluntad política en la nación del sur) y otorga concesiones de cuarta generación mejor que ningún otro país del continente.

Necesitamos más y mejores carreteras, mejores puertos y aeropuertos, infraestructura logística y de comunicaciones, incluidos Internet de alta velocidad simétrica, activos que puedan potenciar la calidad de servicios y soluciones que los costarricenses podemos ofrecer al mundo.

Necesitamos una inversión más diversa, abrazar lo digital, ser más competitivos, reducir a la mitad las 330 instituciones que nos están asfixiando. La descarbonización está bien, ¡pero primero luchemos por la desburocratización que permita que el capital privado fluya en la economía!

Venezuela nos muestra la cara de la peor política de inversión. Después de 20 años del régimen Chávez-Maduro y su plétora de promesas de equidad y lucha por los derechos, la inversión se fue. La dictadura destruyó la mayoría de las industrias, ha empobrecido al país y, siguiendo un libreto caribeño, está exportando a su población. En Costa Rica, necesitamos hacer lo contrario. Necesitamos que los empresarios de aquí y de fuera quieran invertir.

Si sigue las tres ideas, el presidente podría plantearse una meta de país que tenga sentido, como crecer al 5,5 % o más, mediante una política coherente de inversión y competitividad. La meta no es utópica, Costa Rica la ha alcanzado en 4 de los últimos 25 años.

El autor es economista.