Ricardo Monge González. 14 noviembre, 2019

Costa Rica posee dos grupos de empresas que se desempeñan en dos sistemas diferentes. Las grandes, en su mayoría multinacionales y localizadas en zonas francas, y sus proveedores; y las locales, de tamaño micro y pequeño, la mayor parte de ellas.

Los niveles de productividad también son dispares, pues las primeras son más productivas.

Si bien esta dualidad muestra la existencia de un gran potencial de difusión de tecnología, conocimientos y buenas prácticas desde las más productivas al resto, pues entre los dos grupos hay poca relación.

Urge llevar a cabo una reforma que prevenga la captura de las instituciones por las castas, reducir el número de entes públicos y establecer papeles más claros para la mejora de la productividad y competitividad.

De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 2018, las interacciones entre las locales como proveedoras a las situadas en zonas francas no sobrepasan el 30 %, y corresponden, más que todo, a servicios no comerciables e insumos estandarizados, como materiales para empaque y embalaje, o servicios de seguridad, limpieza y catering, los cuales no llegan a formar parte del producto final de las multinacionales.

Clima de negocios. Las condiciones que enfrentan ambos grupos, en cuanto al clima de negocios, son muy diferentes. Las multinacionales en zonas francas gozan de beneficios fiscales para establecerse en el país y apoyo logístico de entidades público-privadas como Cinde y Procómer, las locales se ven afectadas por un gran entramado burocrático, que fomenta la informalidad y las dificultades para obtener financiamiento.

El reciente Informe Estado de la Nación señala que en desempeño económico el primer grupo muestra resultados muy satisfactorios, mientras el segundo, no. Cabe preguntarse qué hacer para apoyar los esfuerzos de las empresas locales, donde labora la gran mayoría de los costarricenses.

El gran reto consiste en incrementar su productividad, para lo cual se necesita, como mínimo, diseñar y ejecutar exitosamente políticas de desarrollo productivo, tales como modernización tecnológica empresarial, incentivos para la creación y el desarrollo de negocios de máximo impacto y productividad, estímulos para una colaboración eficiente entre las firmas para resolver problemas de coordinación (v.g. desarrollo de clústeres), iniciativas para asegurar que los bienes públicos, como la infraestructura, se provean adecuadamente, y, en términos más generales, aquellas que generen un entorno más favorable para los negocios, por ejemplo, la desregulación y la simplificación de trámites.

Mientras para el primer grupo existe una fuerte y eficiente institucionalidad (Cómex, Cinde y Procómer), las del segundo, si bien cuentan con un gran número de instituciones de apoyo (más de 30 según el Estado de la Nación), estas trabajan sin coordinación, sin un norte común y, muchas veces, enfocadas en garantizar la perpetuidad de odiosos privilegios y regímenes de protección para poderosos y bien organizados grupos de interés, como es el caso de los arroceros.

Reforma del Estado. En suma, urge llevar a cabo una reforma que prevenga la captura de las instituciones por las castas, reducir el número de entes públicos y establecer papeles más claros para la mejora de la productividad y competitividad.

Tal reforma debería cuestionar la existencia, marco legal y estructura operativa tanto de ministerios sectoriales (MAG y MEIC) como de instituciones públicas descentralizadas y no estatales (bancos estatales, Banca para el Desarrollo, Infocoop, Incopesca, Icafé, Laica, Conarroz, etc.), cuya eficacia es cuestionable dados los magros resultados del sector privado doméstico en materia de desempeño económico, incluida la generación de nuevas fuentes de empleo.

La nueva institucionalidad debe enfocarse en el desarrollo de las capacidades productivas de las empresas locales con un enfoque holístico. La tarea que nos espera no es sencilla, pero es impostergable.

El autor es economista.