Enrique Egloff Gerli. 27 agosto

La Cámara de Industrias de Costa Rica participó hace algunas semanas, como invitada especial, en el Congreso de la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), en Medellín. Además de extraordinarias discusiones sobre competitividad, entorno internacional, crecimiento económico, ambiente y desarrollo social, que observamos en varios paneles, hubo uno en particular que nos llamó la atención y nos generó envidia de la buena.

Me refiero al panel llamado “Diálogo social y capital humano”, en el cual el sector productivo, el gobierno y líderes de importantes centrales sindicales de Colombia fueron los actores.

Los costarricenses tienen derecho a tener trabajo, por lo que la defensa de los derechos laborales depende de cuidar la producción y la generación de empleo.

Alicia Arango, ministra de Trabajo; Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT); Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) participaron en una rica discusión moderada por Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

Responsabilidad legislativa. Miguel Morantes señaló claramente: “Si hay empresas, hay empleo, y la salvación del empleo es importante y muy valiosa. Resulta que a veces, el Congreso legisla destruyendo el empleo, y eso es grave”. Sabias palabras de un líder sindical responsable reconociendo que sin un sector productivo no hay empleo, llamando la atención para que el Poder Legislativo mida las consecuencias de lo que se aprueba y señalando que hay proyectos que causan daño y luego la corte constitucional los debe declarar inviables.

Julio Roberto Gómez explicó que Colombia tenía altas tasas de desempleo y de informalidad, e hizo un llamado a trabajar juntos: los empresarios, los trabajadores y el gobierno. El desempleo en Colombia es del 9,4 %, nos preguntamos qué diría Gómez al enterarse de un desempleo del 11,9 %, como el que tenemos en Costa Rica.

A diferencia de algunas de las cabezas sindicales de Costa Rica —no generalizamos—, que lo que promueven son bloqueos, huelgas sin restricción, privilegios y perjuicio para la salud, la educación, la distribución de combustibles y la seguridad de los costarricenses, los líderes sindicales de Colombia tienen claro que no se pueden defender los derechos de los trabajadores si se daña el empleo.

La economía costarricense no crece al nivel necesario para disminuir el alto desempleo. El sector empresarial no puede invertir y generar puestos de trabajo si no hay confianza, y no se puede tener confianza si no existe seguridad jurídica.

Respeto por la ley. No podemos resolver los problemas del país sin ordenar de manera estructural las finanzas públicas. Los topes al crecimiento de los salarios y la regla fiscal deben regir para todas las instituciones. Así lo aprobaron nuestros legisladores. El proyecto fiscal que los contiene fue aprobado por amplia mayoría y ratificado por la Sala Constitucional.

No pueden seguir defendiendo privilegios de unos que afectan los derechos de los que no tienen empleo ni ingresos. La defensa de los privilegios de unos está afectando los derechos de las mayorías.

Es urgente poner orden a las huelgas, respetando el derecho a manifestarse sin dañar la economía y a Costa Rica. Por ello, urge aprobar el texto del proyecto 21049 (Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos), dictaminado en comisión.

Las huelgas deben ser ilegales en los servicios esenciales y no debe pagarse salarios si se insiste en ellas, la misma suspensión de la paga debe regir en el resto del aparato público hasta que se declare la legalidad o ilegalidad de la huelga.

No lo olvidemos: los costarricenses tienen derecho a tener trabajo, por lo que la defensa de los derechos laborales depende de cuidar la producción y la generación de empleo. Los líderes sindicales de Colombia sí lo entienden.

El autor es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.