Fabio Hernández Ramírez. 27 julio

Un proyecto de transporte público cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes debería ser desarrollado con fundamento en estudios previos sólidos.

Ese no es el caso del proyecto del tren eléctrico promovido por el gobierno, empezando porque el trazado de la ruta no se estableció tomando en cuenta las necesidades de movilidad de los ciudadanos, sino en el derecho de vía existente, el cual responde a las necesidades del siglo XIX.

(Video) Foro virtual: El dilema sobre el tren eléctrico de pasajeros

Aun cuando diversas opciones deben ser analizadas para definir aspectos básicos como este, se escogió la más fácil desde el punto de vista político: la que muestre avances antes del 2022.

En otras palabras, la elección de la ruta pasó por alto demandas de viaje, necesidades sectoriales e intermodalidad con otros medios de transporte.

Los autobuseros no fueron consultados porque la mayoría de las concesiones expiran en el 2021, cuando el actual gobierno no tendría margen para obtener el apoyo político necesario.

Otros aspectos desatendidos. Tampoco hubo esfuerzos interinstitucionales para hallar una solución integral conjuntamente con las municipalidades, a través de una combinación de proyectos públicos, como tranvías o ciclovías.

Esta no es la norma en países donde la visión integral de la movilidad urbana se sostiene mediante consensos técnicos y políticos en procura de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

De hecho, en las metrópolis, el tren es una solución para salir de la ciudad no para transitar dentro de esta.

Por otra parte, la demanda de viajes fue calculada con datos del 2007, ajustados con variables económicas recientes.

No se hicieron encuestas donde se manifieste la disposición a pagar por un viaje ni en qué medida los potenciales usuarios cambiarían los medios de transporte actuales por el ferrocarril.

La demanda no es un aspecto menor; es el pilar sobre el cual versa la sostenibilidad financiera de un proyecto.

En nuestro país existe una definición de proyectos en el que la política económica es un elemento ausente, aunque debería ser el que sustente la génesis de estos.

Custodia del bienestar. Según lo señaló Margaret Thatcher, “el dinero público no existe, es el de los contribuyentes”. Por ende, los ciudadanos depositamos la confianza en nuestros gobernantes con el fin de que nos otorguen las mejores obras públicas al menor costo posible.

Dicha expectativa no se cumple en la realidad. La defensa de este proyecto, como ahorro en tiempos de viaje, menos emisiones de gases contaminantes y reducción de accidentes, contiene estimaciones apoyadas en estudios alejados de la realidad de nuestro entorno.

Un proyecto de gran impacto como el tren amerita la utilización de métodos sofisticados, apoyados en datos reales derivados del sentir del ciudadano.

Todos esos insumos moverían la aguja sustancialmente en la definición de la alternativa más beneficiosa entre varias opciones.

No obstante, en este caso, se definió solamente una desde la prefactibilidad, por lo cual los factores de análisis económico no son tomados como decisorios, sino como un entregable más para tramitar un financiamiento de $550 millones, que terminaremos pagando a través de impuestos.

Pocos son los elementos rescatables de la factibilidad de este proyecto, y que definen la necesidad de un subsidio de entre $50 millones y $100 millones anuales.

La formulación de un proyecto de esta envergadura debe ser precisa, sobre todo si se toma en cuenta el entorno fiscal complicado del país y el compromiso para las finanzas públicas que implicaría este proyecto en las próximas décadas.

El autor es ingeniero civil y economista.