Yolanda Fernández Ochoa. 23 mayo

El sector comercial es uno de los más dinámicos, representa un 9 % de la producción nacional y es el más grande generador de empleo, aproximadamente, 260.000 trabajadores formales. Además, agrupa el 26 % de las empresas que conforman el parque empresarial, lo cual equivale a más de 18.000 comercios, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas.

El sector registró, a febrero, 26 meses continuos de desaceleración. Uno de los principales factores ha sido la disminución en el consumo de los hogares, a consecuencia de un menor ingreso y un alto nivel de endeudamiento. En respuesta a este escenario, es urgente que el Poder Ejecutivo tome decisiones a corto y mediano plazo.

Base mínima. Debe disminuir la base mínima contributiva fijada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es decir, el salario mínimo que la institución acepta como ingreso mensual devengado por un trabajador, sin considerar cifras menores, aun cuando el patrono reporte con veracidad y sustento legal un salario menor.

El monto del salario en la planilla no puede ser inferior al ingreso de referencia mínimo, que es de unos ¢231.000, lo cual impone una carga adicional a los patronos y trabajadores que devengan menores ingresos por el tipo de actividad que realizan y promueve la informalidad. La solución es muy sencilla, un acuerdo de la Junta Directiva de la institución puede modificarla, como se hizo para las empleadas domésticas en mayo del 2018.

Recursos. Disminuir el encaje mínimo legal (EML) proporcionaría disponibilidad de recursos de la banca comercial para prestar al público y, con ello, aumentar la colocación de créditos, disminuir los márgenes de intermediación y, en consecuencia, la tasa de interés.

El EML es del 15 %, mientras en otros países se ubica entre el 8 % y el 12 %. Para modificarlo, solo se requiere un acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central.

Permitir la depreciación fiscal acelerada de activos como mecanismo destinado a estimular la inversión y el crecimiento de la actividad productiva es una medida adoptada ya en varios países para que las empresas dispongan de recursos financieros para, por ejemplo, incrementar inventario, adquirir otros activos o aumentar personal. En resumen: una tasa de impuesto efectiva sobre la renta menor. Para cambiarlo, basta una directriz de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Experiencias internacionales demuestran que los comercios costarricenses pagan comisiones por tarjetas de crédito y débito muy elevadas en comparación con otros países de la región. En promedio, un pequeño comercio paga un 5,5 % sobre sus ventas, en detrimento de sus ingresos y de su competitividad.

La Cámara de Comercio estima en, aproximadamente, $175 millones la transferencia de riqueza de los comercios y los consumidores costarricenses a las entidades bancarias, dinero que podría utilizarse en más inversiones y contratación de personal. Por tanto, consideramos urgente aprobar la Ley para Determinar las Comisiones de Intercambio y Adquirencia por las Transacciones de Compra con Tarjetas de Crédito y Débito.

Medida temporal. El crédito es fundamental en toda economía, como factor propulsor del desarrollo y fortalecimiento de la actividad empresarial. Para estimularlo, se propone: permitir a los bancos públicos, por una única vez, vender cartera vencida a terceros con descuento, como medida temporal para mejorar indicadores y disminuir provisiones. Disminuir, por espacio de 24 meses, la tasa activa de los préstamos de las pymes, siempre y cuando esta disminución en colones no sea inferior a la tasa básica pasiva más 375 puntos base (pb) y en dólares no sea inferior a la prime rate más 250 pb. Conceder a las pymes un periodo de gracia extraordinario de 24 meses, en el cual solo cancelen intereses por sus préstamos.

Existen otras medidas para dinamizar la actividad económica que requieren algún tiempo para lograr su ejecución, entre ellas, flexibilizar las condiciones para otorgar préstamos de la Banca para el Desarrollo, flexibilizar las jornadas laborales y aumentar la participación del sector privado en la generación eléctrica para acabar con el principal freno a la competitividad del país: las tarifas eléctricas.

Lo necesario es sentido de urgencia en las decisiones políticas.

La autora es presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.