Rocío Aguilar y cinco firmas más.   7 julio

Un reciente artículo de opinión revisa las minutas del Área de Articulación Presidencial para la Estabilidad y el Crecimiento (Aapec). Como lo describe el artículo, las sesiones del Aapec que documentan esas minutas se centraron en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en las directrices gubernamentales orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la inclusión financiera de los bancos comerciales del Estado, y en la agenda de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Eso es correcto.

Sin embargo, sin fundamento lógico o fáctico, el autor concluye que la agenda del equipo económico de este gobierno se agota en esas minutas. A partir de ahí, infiere que el equipo económico no se preocupa por la reactivación económica, por la reducción del alto nivel de desempleo, ni por el control del gasto público. Se trata de un error de razonamiento, una falacia de composición: inferir que algo es verdadero para un todo solo porque lo es para una parte. Veamos.

Política fiscal. En vista de la gravedad de la situación fiscal, un punto central en la agenda de la política macroeconómica de este gobierno ha sido impulsar una reforma fiscal integral para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, mediante medidas que ayuden a apuntalar los ingresos tributarios, reducir la evasión y controlar el gasto público.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (n.° 9635), aprobada en diciembre pasado, es un paso firme en esa dirección. La reforma pone énfasis, precisamente, en la contención de los disparadores del gasto, en particular, de las remuneraciones y las transferencias.

Los esfuerzos hechos para promover esa reforma fiscal son de sobra conocidos, salvo quizás para el autor. Además, se han venido impulsando medidas para asegurar el acceso al financiamiento externo multilateral y por la vía de los eurobonos a fin de reducir el costo de la deuda y la presión sobre las tasas de interés domésticas.

El restablecimiento de la sostenibilidad fiscal y la consecuente reducción de la incertidumbre y la presión del gobierno sobre las tasas de interés son condiciones necesarias para la reactivación económica y el combate del desempleo. También se están tomando medidas para mejorar la gestión de la deuda pública interna, fortalecer la administración financiera pública y ordenar el empleo público.

Política monetaria y financiera. La política monetaria del Banco Central se ha enfocado en mantener la inflación baja y estable, como pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Debido a las tensiones manifestadas en los mercados financieros en la segunda mitad del año pasado, mantener la estabilidad de precios requirió aumentar la tasa de política monetaria (TPM) en una ocasión.

Una vez restaurada la calma en los mercados, después de la aprobación de la Ley 9635, y consciente de la desaceleración económica y del persistente alto desempleo, el Banco Central ha orientado sus medidas de política monetaria al estímulo de las condiciones crediticias y al impulso de la actividad económica.

En ese sentido, redujo en tres ocasiones la TPM por un acumulado de 0,75 puntos porcentuales hasta ubicarla en un 4,5 %, y disminuyó la tasa de encaje mínimo legal sobre los depósitos en moneda nacional del 15 % al 12 %.

Además, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó varias iniciativas que facilitan el acceso al crédito, en particular, medidas para adecuar mejor el perfil de riesgo de los deudores al nivel de retraso en el servicio de sus deudas, para facilitar operaciones de readecuación y refinanciamiento de créditos y para definir el nivel máximo de cartera crediticia en mora permitida a una entidad con base en su modelo de negocios.

Se están impulsando también, desde el Banco Central y el Conassif, varias reformas de ley para afianzar la estabilidad financiera y mejorar la eficiencia y competitividad del sistema financiero, algunas de ellas como parte del proceso de acceso a la OCDE liderado por el Comex.

Se han presentado en el último año cuatro proyectos de ley a la corriente legislativa (para fortalecer la autonomía del Banco Central, robustecer la supervisión consolidada y transfronteriza, facilitar el intercambio de información entre supervisores e incentivar los mercados de derivados y autorizar la operación de sucursales de bancos extranjeros), y la semana pasada el Banco Central envió en consulta informal otro proyecto para crear un seguro de depósitos y fortalecer los mecanismos de resolución bancaria.

Otras políticas para la reactivación económica. Además de las ya citadas, el equipo económico ha promovido, en conjunto con otras carteras e instituciones, otras políticas para fomentar la reactivación económica y el empleo.

Estas políticas incluyen el fortalecimiento de la inversión en infraestructura pública, directamente y mediante alianzas público-privadas; mejoras regulatorias y eliminación o simplificación de trámites y requisitos; iniciativas (en estudio) para reducir las cargas sociales, especialmente a los jóvenes, los desempleados de larga data y a las micro y pequeñas empresas que se formalizan (ya la Ley 9635 redujo las cargas tributarias marginales a las mipymes y el Decreto 41307-S redujo el costo del registro y control de productos de interés sanitario para las mipymes); reformas en el sector energético para reducir las tarifas eléctricas; un proyecto de ley para facilitar la educación dual (que combina educación formal con aprendizaje en la empresa); un proyecto de ley (parte de la agenda para el ingreso a la OCDE) para fortalecer la competencia y reducir barreras de acceso a sectores; promoción de programas de internacionalización para pymes; y promoción del aprendizaje del inglés y otras lenguas extranjeras; entre otras.

El gobierno también ha impulsado fuerte y decididamente la agenda de acceso a la OCDE, que incluye una amplia gama de reformas (algunas ya discutidas arriba) para fortalecer las políticas públicas y adoptar las mejores prácticas de transparencia y gobernanza corporativa en el sector público. Esto también contribuirá a fortalecer el crecimiento económico a mediano y largo plazo.

El diseño y la promoción de muchas de estas medidas de política ha requerido una estrecha coordinación entre los miembros del equipo económico (incluido el Banco Central, como asesor económico del Estado, según su ley orgánica) y de frecuentes reuniones entre ellos y otros jerarcas, entre los cuales se cuenta el Congreso, cuyo apoyo ha sido esencial para hacer avanzar las medidas legislativas descritas.

La parte no hace al todo: como es notorio, las políticas económicas y los esfuerzos de coordinación del equipo económico exceden ampliamente lo consignado en las minutas que comenta el articulista.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda

Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior

Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica

Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio

André Garnier, ministro de Coordinación con el Sector Privado

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central