Costa Rica es un referente en energías renovables, bajas emisiones, políticas de reforestación y protección de la biodiversidad. No obstante, la política ambiental no está orientada a la solución de las problemáticas más urgentes.
Es necesario distinguir entre cuáles son regionales, como la gestión de residuos sólidos; cuáles nacionales, por ejemplo la protección de la biodiversidad; y cuáles mundiales, ahí está el cambio climático.
Aunque la frontera para resolver cada una de ellas es relativa, la definición se relaciona con su origen, la responsabilidad de quiénes las causan y el impacto geográfico, social y temporal.
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Un indicador reconocido es el índice de desempeño ambiental (EPI, por sus siglas en inglés), creado por la Universidad de Yale.
Según datos del 2020, Costa Rica ocupa la posición 129 en una lista de 180 países. El índice lleva a concluir que buenos resultados ambientales están asociados con el buen desempeño económico. Un buen modelo económico de desarrollo lleva consigo el entorno ambiental como uno de sus aspectos decisorios.
Costa Rica sobresale en el suministro de agua potable (puesto 3 de 32 naciones en Latinoamérica y el Caribe), ubicada dentro del 25 % mejor en el mundo.
En cuanto a la calidad del aire, ostenta la posición 6 en la región. En cuanto al manejo de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales y la protección de los ecosistemas, se sitúa en la mitad del escalafón.
El país es deficiente en la reducción del impacto ambiental de la agricultura y los recursos pesqueros: el índice lo ubica en el peor 25 % y 13 % a escala mundial, respectivamente.
Aunque en cuanto al aumento de gases de efecto invernadero registra un desempeño medio, Costa Rica es responsable solamente del 0,023 % de las emisiones mundiales; en cambio China, Estados Unidos, Rusia, Brasil y la India, en conjunto, despiden la mitad.
Esta visión de desarrollo es el resultado de decisiones de gobernantes que reconocieron la importancia ambiental mucho antes de que el cambio climático fuera detectado como una amenaza, y ha facilitado modelar la economía costarricense baja en emisiones que tenemos hoy.
Los asuntos ambientales deben ser gestionados activamente por el Estado, pues la solución a la mayoría de estos problemas no surge completamente en los mercados.
La priorización de las políticas ambientales es vital, especialmente las que generen el mayor impacto positivo al menor costo posible, y considerar mecanismos para que las causas de los daños sean diagnosticadas y los responsables den cuentas a la sociedad civil por el deterioro producido.
Es urgente mirar con agudeza la forma como gestionamos nuestros recursos sólidos, la forma en que equilibramos la extracción y la protección de nuestros recursos naturales con enfoque especial en los marinos, los mecanismos de regulación para el uso de fertilizantes en la agricultura y el tratamiento de las aguas servidas.
Nuestras instituciones e impuestos deben enfocarse en la solución de estas problemáticas y cómo la mitigación coadyuva a la salud y al bienestar de la población.
Aun cuando debamos seguir sosteniendo nuestro modelo de desarrollo bajo en emisiones, no podemos obviar que la descarbonización de una economía debe financiarse a través de impuestos de las generaciones actuales y futuras.
fhdezram@gmail.com
El autor es economista ambiental.