EscucharDespués de la salida de la compañía bananera, en 1984, el sindicalismo se refugió en el Estado. Su actividad ahí es distinta, ya no debe luchar contra un genuino representante patronal dispuesto a defender a la empresa de peticiones que arriesguen su patrimonio. Ahora, se negocia con fluidez. Los tiempos han cambiado para los sindicatos y los representantes del Estado, ambos grupos comparten beneficios y el mismo objetivo: la estabilidad laboral y la paz social.
Hace tres décadas, y aún más, el Estado no era visto como la mejor opción de patrono debido a los salarios bajos; los empleados estatales, por su parte, entendían que no existía explotación laboral ni mucho menos, sino el justo pago por un trabajo de escasos controles y con un desempeño inferior al de la empresa privada. Los empleados sabían que para ganar más debían irse al sector privado, pero ya no podrían “llevarla suave”, es decir, hacer pocas labores a un ritmo lento y, en caso de aburrimiento, realizar, con cierta discreción, trabajos personales.
La vida sigue igual. Es justo reconocer que también hay funcionarios capaces, íntegros y laboriosos, pero, en general, el desempeño del empleado público es el mismo de antes, no ha mejorado, solo que ya no necesita irse, pues gana más que en la empresa privada y mantiene el beneficio de “llevarla suave”. En otras palabras: el premio per se no es eficaz sin el castigo, lo cual da validez a la teoría del garrote y la zanahoria.
“Llevarla suave” tiene en la actualidad no solo un significado más amplio sino institucional; es una especie de derecho adquirido que un director, gerente, etc., no puede tocar a sus subalternos, por más buenas intenciones que tenga de mejorar la eficiencia del personal a su cargo, porque, en caso de persistir en su propósito, será despedido, como el director del IAFA por “socar clavijas” (La Nación, 19/5/19). Es decir, el castigo (garrote) está prohibido en el Estado.
Cambio de paradigma. En la empresa privada, el desempeño excelente no obliga al patrono a aumentar el salario a los empleados. Ellos tienen la oportunidad de competir por un ascenso a un puesto mejor pagado cuando exista una vacante. Esta política laboral debe ser aplicada también en el Estado porque es la forma de respetar el principio de uso racional de los recursos públicos.
No deben crearse incentivos por el buen desempeño; es un deber trabajar bien, el mal desempeño es inadmisible y no debe premiarse la ineptitud laboral, al contrario, debe ser castigada porque viola los artículos 33, 57 y 68 de la Constitución y deja abierto el portillo al favoritismo, nepotismo, amiguismo y otros ismos.
“Llevarla suave”, hace tres décadas, era comprensible por los salarios bajos, como se dijo antes, ahora lo que el país necesita es que el desempeño del empleado estatal sea igual al del empleado del sector productivo y que ambos tengan el mismo nivel salarial. La estabilidad por sí misma no garantiza la calidad del funcionario, por el contrario, el empleado público sabe que es muy difícil su despido (castigo) y no va a dejar de “llevarla suave” en tanto no sean eliminados los incentivos perversos, como el abusivo debido proceso, entre otros, el cual impide poner en práctica las normas de alto desempeño y sus controles, las cuales sí le aseguran la merecida estabilidad laboral al colaborador responsable.
La reciente entrevista al presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo (La Nación, 3/6/2019), sobre las convenciones colectivas, ha dado un renovado ánimo a los ciudadanos, parece que estamos aprendiendo que el exceso de zanahorias y la ausencia del garrote causan un desequilibrio e impiden el buen desempeño del Estado y tiene serias consecuencias socioeconómicas.
Solo falta que el presidente Alvarado y los diputados sean conscientes de que “no está la Magdalena para tafetanes” y es hora de cambiar el actual paradigma estatal de estabilidad laboral y paz social por el de igualdad, eficiencia y austeridad.
De esta forma, es posible eliminar la discriminación y la desigualdad entre los empleados públicos y los privados, tener un aparato gubernamental más pequeño, eficiente y más barato para liberar fondos con miras a invertir en desarrollo y crear oportunidades de progreso para todos los ciudadanos. Solo así tendremos el derecho de hablar de justicia social en Costa Rica.
El autor es ingeniero.
