Al contrario de la creencia popular los políticos no se encargan de preservar el Estado de derecho y la democracia.
Son los jueces quienes velan por la aplicación de la Constitución y las leyes, la reparación de los derechos a las víctimas y la remoción de actos ilegales, y les corresponde también la imposición de castigos a los transgresores.
Los jueces deben estar investidos de la autoridad suficiente para frenar el abuso que comentan funcionarios, políticos o ciudadanos poderosos.
Correlativamente, quienes demanden justicia tienen derecho a presentar sus argumentos ante jueces independientes que —sin temor, prejuicio o compromiso— hagan cumplir objetiva e imparcialmente la ley.
Estos no deben inclinar la balanza a favor del rico ni del pobre; tampoco favorecer al poderoso o al débil.
El juez es la voz de la ley, de la justicia y de la igualdad de trato. En ese entendimiento, la elección ha sido, desde siempre, una preocupación fundamental. Vea, por ejemplo, Deuteronomio 1:15-17, escrito en 1400 a. C.
Motivos de distorsión. El Estado de derecho debe contar con jueces independientes, dotados de sindéresis y el poder suficiente para resolver con igualdad.
Tratándose de una función tan relevante, el nombramiento, régimen disciplinario y retiro de magistrados y jueces ameritan una regulación clara que, desgraciadamente, no tenemos. Estas falencias generan distorsiones en el sistema, como las apuntadas a continuación.
Sin ser una lista exhaustiva, pensemos en profesionales reconocidos internacionalmente como Javier Llobet, o en juezas de sobrada solvencia intelectual como Patricia Vargas —entre muchos—, a quienes la Asamblea Legislativa negó el acceso a la magistratura de la Sala de Casación Penal.
Como resultado de un proceso sumario “creado” especialmente para el caso y empleando una sanción jurídicamente inexistente, la Asamblea Legislativa —sin tener competencia para ello— destituyó del cargo de magistrado a Óscar González, el más connotado iuspublicista del país.
Después fue absuelto en primera instancia por el Tribunal Penal de Heredia y en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones de San Ramón, pero el daño para el sistema y la injusticia ya estaban hechos.
Como puede verse, el Poder Legislativo se ha dado el lujo de “mandar a la casa” a profesionales altamente calificados.
Permanencia inexplicable. En contraste con los ejemplos anteriores, Jesús Ramírez fue elegido magistrado de la Corte Suprema y reelegido una y otra vez, sin poseer los atestados ni la proyección profesionales de las personas mencionadas y con una sanción por falta en el ejercicio de la magistratura.
Por cierto, no tener sanciones es elemento relevante para elegir magistrados y para nombrar jueces; sin embargo, eso no fue óbice para que a Ramírez se le nombrara presidente de la Sala Tercera.
Circula en medios y en las redes sociales el registro audiovisual de la audiencia presidida por Ramírez el 16 de junio, en la cual hizo y deshizo —exponiendo a la Sala en pleno— por lo que mediante susurros se le aconsejó que rectificara.
Sus compañeros, de viva voz, trataron de justificar lo insalvable y, finalmente, se presentaron recusaciones: una para separar del conocimiento de la causa al magistrado Ramírez y otra para separar a todos los integrantes de la Sala.
Se puso en evidencia la falta de condiciones de quien presidió. Lo que preocupa no por esta audiencia ni por este proceso, sino por todos los asuntos en los que Jesús Ramírez ha resuelto y resolverá.
El caso es individual y no se compara con la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. No obstante, los contrastes señalados nos llevan a preguntarnos por qué Ramírez sigue integrando el alto tribunal.
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El autor es abogado y fue fiscal general de la República.