René Jiménez Fallas. 7 abril

Necesitamos un acuerdo político sobre la economía, la educación, la salud, la infraestructura, el transporte, la creación de empleos... En fin, lo que nos permita aumentar el ingreso per cápita y mejorar el índice de desarrollo humano para ubicarnos entre los países del primer mundo.

Un proyecto de esa naturaleza debe iniciarse con una eficiente administración de los recursos del fisco, lo cual implica eliminar los privilegios y beneficios salariales abusivos otorgados a los funcionarios.

Como era de esperar, rectores, magistrados, jueces, sindicalistas y otros altos empleados estatales, se oponen a la eliminación de sus inflados salarios. Sin embargo, como todos sabemos, los gastos no deben sobrepasar los ingresos de nuestra pequeña y pobre nación, a fin de disponer de un saldo para invertir en desarrollo y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Pero el gobierno asignó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) liderar el Plan Nacional de Descarbonización (PND), haciendo la vista gorda al mal desempeño de esas instituciones, reflejado en el alto costo de la electricidad y los combustibles. Está en riesgo nuestra endeble economía.

Una mejor iniciativa sería abrir la producción de energía a la competencia, reducir la planilla del ICE, junto con los salarios, a fin de que su operación sea eficiente para competir con inversionistas privados, como lo hace en telefonía móvil, cuyos resultados benefician a los usuarios.

En cuanto a Recope, sus antecedentes para administrar y planificar son desalentadores, quizás la única capacidad reconocida por décadas es dar beneficios y privilegios a sus empleados. El clamor generalizado de la ciudadanía es la apertura a la importación y venta de combustibles.

Tendencia al gigantismo. Al gobierno no le interesa reducir el aparato estatal, por eso se esfuerza por conservar intactas ambas entidades y les asigna otras funciones, ajenas a su experiencia, conocimiento y capacidad.

Lo preocupante del PND es su semejanza con las ocurrencias socialistas –ahora verdes– de los años 70, que tanto daño causaron al país en lo económico y social durante dos décadas.

Los costarricenses deben trabajar duro en otras iniciativas: ampliar y mejorar la educación técnica, de servicios y enseñanza del inglés a los sectores pobres; eliminar trámites, permisos y patentes que dificultan la creación de negocios; modernizar la vieja infraestructura vial y mejorar el transporte público; poner en operación el pago electrónico en buses e instalar un moderno sistema de trenes de pasajeros y carga en todo el país. Estas y otras obras son vitales para aumentar el turismo, atraer inversión extranjera y crear los empleos tan necesarios en el país.

Todo lo anterior, junto con la reforma al empleo público, podría sacarnos del prolongado estancamiento.

Legitimación. El funcionario es un servidor estatal, no el dueño de los recursos económicos que maneja. El deber del funcionario es administrar de la mejor manera los bienes bajo su custodia.

Si un empleado público mediante acuerdo de un sindicato dispone beneficiar económicamente a un grupo de trabajadores estatales, estaría malversando los recursos al perjudicar a sus dueños: los ciudadanos.

Nuestros magistrados, quienes también son empleados públicos, sostienen que tales beneficios acordados se convirtieron en “derechos adquiridos” y son intocables.

¿Acaso no tenemos vergüenza, ética, moral, solidaridad? Los cursos de humanidades que nos dio la universidad eran para hacer de nosotros mejores ciudadanos y construir un mejor país, ¿no es cierto?

El autor es ingeniero.