Existen diversas formas de destruir la economía de un país. Por medio de políticas públicas ideológicas, sin criterios técnicos, o mediante ocurrencias sin fundamento, bajo el supuesto interés de ayudar a una causa loable.
Una iniciativa de ley impulsada por la diputada oficialista Paola Vega, cuyos proponentes fueron diputados de varias bancadas en el periodo anterior, incluido el actual ministro de Trabajo, y revivida por el también oficialista Víctor Morales en este periodo, pretende gravar con $15 el ingreso de extranjeros a Costa Rica, tanto por vía aérea como marítima.
El proyecto tiene como fin recaudar ¢6.300 millones anuales, los cuales se utilizarían para financiar las expropiaciones en parques nacionales y proteger las áreas de conservación.
Así, se encarece el ingreso a Costa Rica y se agrega un impuesto más a lista de los casi 100 vigentes. Dejando de lado las posibles violaciones a los artículos 19 y 33 de nuestra Constitución Política, la iniciativa no es más que un claro parche ineficiente que no ataca las causas estructurales del problema y pretende, más bien, resolverlo de forma simple.
Además, desconoce el efecto perverso que tendría en la industria turística y, por ende, en la economía costarricense porque repercutiría directamente en los ingresos del Estado. Hay que recordarlo, el Estado depende exclusivamente de la recaudación de impuestos del sector privado.
Carga excesiva. Sobre los boletos aéreos pesan ya más de ocho cargas diferentes, desde el impuesto de salida hasta el recién aprobado sobre el valor agregado (IVA).
Es decir, ya se encuentran bastante cargados. Sin embargo, debido a la lectura simplista del problema hecha por los proponentes del proyecto, se soslaya el análisis serio, el cual demuestra que la situación no es solo de ingreso, es de eficiencia. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) registra históricamente una subejecución presupuestaria que con los años se ha vuelto espeluznante.
Según datos de la Contraloría General de la República, el año pasado, de los ¢41.255 millones presupuestados para el Sinac, cerca de ¢12.269 millones quedaron sin ejecutar, lo que representa casi el doble de lo que con el nuevo impuesto se recaudaría para dicho ente.
Se pretende dar más dinero a una institución que no ha logrado hacer un uso eficientemente del total de sus recursos, y eso sin entrar a revisar la pertinencia de lo que sí se ha gastado.
Vicios por erradicar. Como ha venido informando el Estado de la Nación, la legislación presenta vicios en la creación de destinos específicos, que debemos corregir, como lo es la aprobación de leyes sin señalar de dónde saldrá el dinero para financiar el programa o tributos específicos para determinada institución.
Los destinos específicos introducen en la política fiscal una inflexibilidad equiparable a las exoneraciones: no se revisan, no se reducen, no se racionalizan. Son la forma mediante la cual el legislador sustituye la labor de asignación de recursos en el presupuesto, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo.
En este caso particular, está claro que el Sinac tiene mucho que explicar antes de recibir más recursos.
Costa Rica es un país caro, relativamente inseguro para el turista y ahora debemos sumarle el secuestro producido mediante los bloqueos. Los servicios públicos son altamente deficientes y no contamos con un sistema de transporte adecuado. Para salir del aeropuerto Juan Santamaría la única opción actual son los taxis autorizados cuyas tarifas son escandalosas.
En lugar de trabajar en políticas públicas para la conservación de nuestras áreas protegidas, así como para la supervisión y el control del gasto, algunos parecen querer escribir su nombre como epitafio en la tumba de la industria turística.
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El autor es abogado tributarista.