Jorge A. Jiménez. 24 septiembre, 2019

Las zonas costeras experimentan una crisis socioeconómica de grandes proporciones. Décadas de desarrollo vallecentralista evidencia hoy lo errado de las pasadas políticas nacionales.

El 29,9 % de los hogares del cantón central de Puntarenas, por ejemplo, viven en pobreza y un 8,9 % en pobreza extrema. Además de este lamentable panorama, el sector pesquero sufre también décadas de explotación descontrolada de un recurso que otrora mantenía a miles de familias.

El país continúa sin conocer cuánto, cuándo, dónde y quién pesca en nuestros mares. Sin esa información, no podemos estimar dónde, cuándo y cuánto se puede extraer sosteniblemente del mar.

Las prácticas de pesca destructivas, la sobrepesca, la contaminación de las costas y el calentamiento del mar son causantes de la baja en las capturas en más de un 50 % en los últimos 20 años. En algunos grupos, como los camarones, más del 80 %. Esta reducción es más dramática.

Empresarios pesqueros intentan astutamente achacar la pobreza de las costas a las restricciones impuestas a algunas de sus actividades. Para resolver la pobreza, argumentan, debe aumentar el número de licencias de pesca y reinstaurar la de arrastre de camarón.

Mediante medidas de fuerza, y con el apoyo de diputados de las provincias costeras, el sector empresarial pesquero pretende que el Estado ceda en gobernanza marina, comercio de especies amenazadas, creación de áreas marinas protegidas.

Politización. Debido a la existencia de una débil agencia pesquera estatal, el manejo se ha politizado. Vemos con desaliento cómo la política del país en este campo se moldea mediante bloqueos en las calles o sentencias judiciales.

Decisiones de carácter técnico son manejadas por diputados que, sin fundamento técnico, y en contra de la mejor ciencia, impulsan propuestas orientadas a soluciones rápidas, populares, pero que al final no resuelven el problema.

Mientras el recurso pesquero se agota, se promueve otorgar más licencias y restaurar prácticas destructivas de pesca: medidas cortoplacistas que resultarán peor que la enfermedad.

Cierre de empresas. La crisis socioeconómica de las costas no es un problema exclusivamente pesquero. En el cantón central de Puntarenas, entre otros, los sectores productivos han experimentado en los últimos dieciséis años una reducción sostenida en el número de empresas oficialmente inscritas, incluidos aquellos sectores con más capacidad para generar empleo y dinamismo económico, como la construcción, la agricultura, la industria, la manufactura, la actividad turística, el comercio y los servicios.

Quince empresas de manufactura desaparecieron de este cantón; 50 % de las empresas turísticas cerraron en el mismo período.

Está claro que la crisis del sector pesquero aporta a la pobreza de las costas, pero no es el principal generador. Continuar haciendo las cosas como se han hecho en las últimas décadas, solo mantendrá la miseria.

Un manejo eficiente de la pesca depende del fortalecimiento de la agencia pesquera, de su despolitización y de un incremento de su capacidad técnica.

Lo anterior no se consigue con medidas cosméticas; se necesita personal capacitado y un entorno político que respete y promueva la generación de información técnica. Seis años después de haber pedido la Sala Constitucional estudios científicos para evaluar la viabilidad de la pesca de arrastre de camarón, el país sigue sin tenerlos.

Estado irresponsable. Más preocupante aún: el país continúa sin conocer cuánto, cuándo, dónde y quién pesca en nuestros mares. Sin esa información, no podemos estimar dónde, cuándo y cuánto se puede extraer sosteniblemente del mar.

Los recursos pesqueros son un recurso público, el sector es solo un concesionario de su explotación. Es deber del Estado asegurarse de que ese recurso se explote sosteniblemente y no sea perjudicado por una extracción descontrolada.

El Estado ha fallado dramáticamente en el cumplimiento de esa labor. La cantidad de peces ha disminuido al punto que algunos están por extinguirse. El bienestar socioeconómico que generaba está seriamente comprometido y afectará a miles de familias.

Lejos de entender esta realidad, se escucha penosamente a líderes políticos promover un mayor esfuerzo pesquero, más licencias, más subsidios. Un enfoque que desnuda su ignorancia sobre asuntos técnicos.

Estamos ante una encrucijada nacional: continuamos haciendo lo que generó la crisis o cambiamos diametralmente nuestra relación con el mar. Las próximas generaciones sufrirán o se beneficiarán de las decisiones que se tomen hoy.

El autor es director general de MarViva.