Los niños y los adolescentes son la población más vulnerable y la que más frecuentemente afronta condiciones de vida adversas.
Mientras el nivel de pobreza general para Costa Rica está entre el 20 % y el 22 %, el de los niños y adolescentes es del 33 % y sube al 50 %, aproximadamente, para quienes de estos últimos residen en zonas rurales, costeras o marginales.
Como plantean reiteradamente los informes del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: la situación es vergonzosa e inaceptable desde el punto de vista de los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. La precaria situación de esta parte de los costarricenses afecta a la sociedad en su conjunto, pues una proporción tan grande viviendo en pobreza tiene menos probabilidades de desarrollarse plenamente.
Como menciona el premio nobel de economía Joseph Stiglitz, “durante las últimas décadas se han adoptado políticas que han causado que la economía se torne salvajemente desigual (…). La desigualdad de ingresos se correlaciona con desigualdades en acceso a la salud y la educación, y mayor exposición a riesgos ambientales, todas las cuales agobian más a los niños”.
Continua Stiglitz: “Pero las políticas adecuadas, tales como redes de protección social fuertes, aplicación de impuestos progresivos y una mejor regulación del sector financiero, pueden revertir estas tendencias devastadoras. Del total del daño que inflige la desigualdad en nuestras economías y sociedades, el daño que causa a los niños debería ser el más preocupante”.
Faltan acciones vigorosas. Si lo anterior se enmarca en que Costa Rica es uno de los países de América Latina donde más se ha incrementado la desigualdad en los últimos años, se puede prever que sean los niños y adolescentes quienes sufran con rudeza sus consecuencias, lo cual exige acciones decididas y vigorosas para cambiar el panorama ciertamente sombrío que se cierne con particular amenaza sobre esta población, dice el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Una agenda urgente debe incorporar, como mínimo y en primer lugar, un eficiente sistema nacional de protección, encabezado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, ente de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones gubernamentales y la sociedad civil, que tienen en común el objetivo máximo de proteger los derechos de los menores de edad y no lo están haciendo.
Dentro del sistema es fundamental que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sea fortalecido para que ejerza su liderazgo como rector técnico, y político, de acuerdo con su visión, para lograr una nueva cultura jurídica y social que entienda a los menores de edad como sujetos sociales de derechos. Para que ejerza como institución moderna y eficaz, gerenciando recursos con funcionarios idóneos y comprometidos, en ambientes adecuados y tecnología e infraestructura aptas.
Guardianes locales. En segundo lugar, deben afianzarse y extenderse las juntas de protección de la niñez y la adolescencia, adscritas al PANI, que deben velar localmente “por la defensa social y legal” y denunciar, verificar y defender los derechos de esta población.
En tercer lugar, un modelo de protección integral no puede funcionar si no existe una eficiente y extendida red de cuidado para ellos.
En cuarto lugar, concatenando las juntas de protección, deben establecerse los comités cantonales de la persona joven.
En quinto lugar, y no menos importante, es que se reactive el Programa de Atención Integral en Salud Adolescente de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado como política institucional, pero que no avanza.
Finalmente, el modelo educativo debe retomar la concepción de espacio de contención y protección, no exclusivamente academicista, porque lo primero es lo que previene la expulsión y el riesgo social.
Las alternativas para enfrentar estos retos existen y no hay excusa para más dilaciones.
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El autor es médico pediatra.