La ley de cine fue modificada por el fondo hasta el punto de la contracción entre los principios que pretendía defender y los alcances que se adicionaron en el texto sustitutivo, en el cual, a diferencia de otras versiones, se promueve la igualdad de las cargas tributarias para los contribuyentes con la consecuente disminución al acceso de contenidos audiovisuales, especialmente para quienes poseen menos recursos económicos.
La palabra igualdad suena bien, ¿cierto? Igualdad significa, en este contexto, que los contribuyentes, independientemente de su poder adquisitivo, deberán pagar el mismo impuesto sin que medie diferenciación.
“Estamos gravando a las grandes compañías”, “que paguen más los que más tienen”, “estamos siendo democráticos”, son tres de varios argumentos falaces esgrimidos por los defensores del impuesto del 1,5 %.
El gravamen al consumo del servicio no son las compañías las que terminarán pagándolo, sino quienes lo utilizan, especialmente aquellos a los que no les es posible comprar un boleto de cine porque les queda muy lejos, si no son habitantes de la Gran Área Metropolitana, o se les imposibilita lleva a su familia a ver una película.
Pero ¿qué son ¢200 o ¢300 de más? Sumados al resto de la carga que significó la reciente reforma fiscal, representa la posibilidad de acceder a plataformas de bajo costo por el pago de una suscripción mensual o no, es decir, privar al grueso de la población que habita en regiones periféricas a abstenerse del consumo de contenidos audiovisuales, incluidos los culturales, pues el tributo no distingue entre plataformas de distribución. Grava indistintamente los mecanismos de distribución de contenido audiovisual.
Intereses puntuales. Si el proyecto afecta el consumo de la población, ¿por qué la insistencia de aprobar el tributo? La propuesta de ley ha recorrido los pasillos de la Asamblea Legislativa en cinco ocasiones distintas, por lo menos, cuatro de ellas infructuosas gracias a la precisión quirúrgica y el trabajo hormiga de organizaciones con intereses muy puntuales, fundamentadas en la reducción del impuesto a los espectáculos públicos del 6 %.
La discusión del proyecto de ley abrió el portillo para disminuir ese impuesto, lo que beneficia al consumidor final, ¿no? Valga repetir el balance efectuado en el reportaje publicado en el suplemento “Viva” del miércoles 13 de noviembre: que bajen los precios (bajar del 6 % al 1,5 % y ampliar la base de contribuyentes) de los boletos de cine o que las películas costarricenses se mantengan en la pantalla grande el tiempo justo, dependerá exclusivamente del criterio y “buena voluntad” de las exhibidoras de cine.
En otras palabras, terminarán pagando lo mismo por la entrada al cine y, además, un sobreprecio por ver contenidos audiovisuales (películas, series, etc.) en Netflix, Mubi, Apple TV, HBO GO y un largo etcétera.
Sin embargo, con el impuesto estaríamos apoyando la producción nacional, ¿cierto? Por desgracia, tampoco. La distribución del ingreso obtenido mediante el nuevo tributo (porque hay que dejar claro que es un nuevo tributo) canalizaría solo una quinta parte del presupuesto recaudado a las arcas del Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual (El Fauno) ¿Cine financia cine? No lo parece.
Cuestionamiento. Aunado a lo anterior, existe también una incógnita relacionada con el presupuesto superavitario reportado por el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (¢209,3 millones) cifra que dobla el último recorte hecho a ese mismo órgano, lo que invita a cuestionar la necesidad de más impuestos.
Es un hecho que el país necesita ordenamiento jurídico para brindar sustento a nuestras empresas productoras locales. La palabra clave es, para mí, incentivos. Cuánta falta nos hace pensar en esquemas de incentivos como lo hacen legislaciones pioneras internacionales. Que los inversionistas encuentren el ambiente propicio para creer en nuestro talento e invertir en él.
El autor es director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).