La mayoría de los costarricenses reconocemos la existencia de un exceso de recursos humanos en el Estado. Hay puestos sobredimensionados y excesivamente remunerados debido a la anarquía producida por la dispersión y duplicación de instituciones, y a diferentes políticas salariales y de empleo, trastrocadas, algunas de ellas, por indebidas convenciones colectivas.
De ahí la acertada iniciativa de equiparar las relaciones laborales tanto para los existentes trabajadores como para los futuros, sin menoscabo de sus derechos adquiridos.
Comparto el criterio de mi buen amigo de juventud el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle con respecto a la imperativa necesidad de uniformar los puestos en la Administración Pública. No cabe duda de que los cambios necesarios son muchos y de las más variadas y complejas aristas.
La gran mayoría hemos aclamado y reconocido el merecido desempeño de nuestras huestes encargadas de la salud, a cargo de las trincheras desde donde se combate la covid-19.
Una batalla insigne y valiente por la salud de nuestra población. Pero ¿han notado el desastre en la atención en otros campos? Subterfugio utilizado por los burócratas para no hacer nada.
Los asegurados estamos siendo objeto de una desatención por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Nos llaman para cancelar las citas y no nos las reprograman.
Esa política genera serias consecuencias en la población que necesita atención oportuna y calificada. Mientras tanto, los empleados en los diferentes servicios, Ebáis, clínicas y parte de los hospitales están literalmente en una parodia laboral.
Estoy seguro de que, en no pocas instituciones públicas, como en educación, ocurre lo mismo, con una inmensa cantidad de personal que no tiene acceso al trabajo virtual y sencillamente calienta el puesto.
La empresa privada tomó dolorosas decisiones que afectaron a numerosas familias y, consecuentemente, se incrementó desmesuradamente la tasa de desempleo.
En el sector público la subutilización de las funciones laborales campea en casi todas las oficinas y no hay una muestra de sacrificio y solidaridad con el resto de la población nacional. ¡Buena idea era disminuir los salarios más altos para ayudar a los más necesitados!
El nuevo fenómeno del sector público es que hay personal ocioso, pero no disminuyen los gastos, y diversas partidas no han sido utilizadas o disminuyó su uso. Se impone una subejecución que se refleje en un alto superávit en el presupuesto de este año.
Estamos en época de presentación de planes de gastos a la Contraloría General de la República. Pienso en las universidades públicas que, como la mayoría de las instituciones del Estado, tienen ingresos previstos en la ley. ¿Pretenderán que el gobierno les asigne recursos sin tomar en cuenta las obligadas economías resultantes de la anormal ejecución de este año?
lfariasa46@gmail.com
El autor es profesor universitario jubilado.