El relator especial para la independencia de los magistrados del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos decidió intervenir en Costa Rica. Lo hizo mediante un instrumento denominado procedimiento especial, en el cual expone su opinión negativa sobre el actual proceso de nombramiento de magistraturas en la Asamblea Legislativa y propone recomendaciones “de atención inmediata” para subsanar las deficiencias.
Este informe llegó en un momento en el que ese poder de la República tiene pendiente el nombramiento de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para un país que alardea de su Estado de derecho, democrático, especialmente ante las instancias de las Naciones Unidas, esta llamada de atención sobre los nombramientos de magistraturas debería activar una respuesta rápida de la Asamblea Legislativa, que es la principal aludida en la nota. Costa Rica no puede darse el lujo de exponerse ante el mundo como un Estado que incumple los estándares internacionales en materia de independencia judicial.
Reformas. El relator retomó sentidas preocupaciones que ya habíamos señalado distintos grupos y ciudadanos en los últimos años. Citados en dicho documento, los diversos informes del Foro de Justicia y el Panel Independiente para la Elección de Magistraturas han venido insistiendo en cambios urgentes en este aspecto. Por un lado, se han promovido un conjunto de medidas que puede tomar la Comisión Especial Permanente de Nombramientos, que no requieren más que la voluntad de la mayoría de legisladores miembros. Este procedimiento especial constituye una muy buena excusa para sacar del congelador estas reformas, por ejemplo:
1. La necesidad de una metodología de calificación de atestados estándar y objetiva, en la que la entrevista individual a las personas candidatas tenga una estructura homogénea y un peso menor en la nota global (actualmente vale 40 % de la nota final). Ello reduciría la posibilidad de que diputados, por intereses no confesos, le otorguen un cero o una muy baja calificación en la entrevista a candidatos de altísimo nivel.
2. El respeto al principio constitucional de rendición de cuentas, para que las votaciones de la Comisión de Nombramientos sean públicas, y sus determinaciones justificadas razonablemente.
3. La promoción de mecanismos de escrutinio público, como, por ejemplo, un mayor plazo para tachas desde la ciudadanía, sesiones transmitidas por medios virtuales y programación e invitación a los ciudadanos y los medios de comunicación a los procesos.
Otras consideraciones. También está pendiente el debate en el Parlamento sobre las reformas legales y constitucionales para cambiar la elección de magistrados. Hay decenas de propuestas presentadas, desde las más ambiciosas hasta las más puntuales. En el escenario legislativo actual, todo proyecto requiere una alta dosis de realismo, por lo que tal vez convenga concentrarse en la aprobación de una vez por todas de algunos cambios mínimos en temas compartidos, que nos acerquen progresivamente a los estándares internacionales.
Algunos de los que cuentan con más consenso son el aumento de la edad mínima para los candidatos, la inclusión de prohibiciones e inhibiciones en cuanto a la dedicación de las personas antes y después de la magistratura (llamada puerta giratoria), transparencia del régimen disciplinario para la magistratura y procedimientos claros para la no reelección, entre otros.
La esperanza reside en que se atiendan con seriedad estas reformas tan necesarias, ahora que son promovidas desde un órgano de las Naciones Unidas, cuyas opiniones, aunque no sean vinculantes legalmente, son de recibo obligatorio para un país con las credenciales y el prestigio nuestros.
evelynvillarreal@estadonacion.or.cr
La autora es coordinadora de investigación del Estado de la Justicia del Estado de la Nación.