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Foro: Mejorar la presentación de candidaturas

Costa Rica debe adoptar un sistema objetivo, abierto, transparente, basado en el mérito.

El desempeño de Costa Rica en cuanto a candidaturas para ocupar puestos en la Organización de las Naciones Unidas dista mucho de ser el ideal.

Durante la administración Solís Rivera Costa Rica no fue reelegida al Consejo de Derechos Humanos y se frustraron las aspiraciones de los expertos costarricenses a los siguientes organismos o mecanismos: Secretaría General de las Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones, Consejo Ejecutivo de la Unesco, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Comisión de Derecho Internacional de la ONU, Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por dar prioridad a candidaturas personales, relegamos dos de suma importancia para el país: el Consejo de Seguridad y el de Derechos Humanos. Para el primero, figuramos en el año 2036 (casi 30 años después de la última vez que tuvimos un escaño en ese foro) y, para el segundo, nos postulamos, en principio, para el 2022, a ocho años de haber salido de ese órgano en el 2014.

Ambos plazos son muy extensos para un país como Costa Rica, poseedora de méritos suficientes para participar en ellos. El reciente intento fallido por llegar al Consejo de Derechos Humanos merece un análisis aparte.

Si bien la mayoría de los candidatos gozan de prestigio, están vinculados a alguno de los tres partidos políticos que han ejercido el poder en los últimos 50 años: por haber ejercido un cargo en el gobierno, por consanguinidad o por afinidad. Lo anterior significa que académicos, investigadores, magistrados o activistas rara vez encuentran el camino hacia el presidente o el canciller para optar por una candidatura internacional.

Quienes se dedican a la diplomacia saben que estos últimos ejercen liderazgo o tienen un papel más destacado y sustantivo que quienes vienen de la política, lo cual es evidente en los cuerpos colegiados deliberativos.

Sin embargo, todo parece indicar que estamos a las puertas de un cambio de paradigma. El 19 de setiembre, Costa Rica se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos para la adopción del informe de su tercer examen periódico universal (EPU). En la jerga ginebrina, la “joya de la corona”, pues ninguno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se exime de la evaluación cada cinco años.

El EPU incluye recomendaciones sobre todas las áreas relacionadas con los derechos humanos. Costa Rica aceptó 194 recomendaciones, lo cual, en palabras de la directora de política exterior de la Cancillería, Adriana Bolaños, quien lideró la delegación nacional, supone un compromiso de cumplimiento.

Muchas de las recomendaciones es posibles ejecutarlas de manera inmediata, sobre todo, cuando la rectoría recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal es el caso de la recomendación 111.2, planteada por el Reino Unido, que dice: “Emprender un proceso abierto, basado en el mérito, para seleccionar a los candidatos nacionales en las elecciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas”.

Esta recomendación está relacionada con el proceso de fortalecimiento de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, apoyado por nuestra misión permanente en Ginebra, a través de la embajadora Elayne Whyte y su equipo.

El párrafo 10 de la resolución 68/268 de la Asamblea General “alienta a los Estados partes a proseguir sus esfuerzos por presentar candidaturas de expertos de gran prestigio moral y de capacidad y experiencia reconocidas en el ámbito de los derechos humanos, y a considerar la posibilidad de adoptar políticas o procesos nacionales para presentar candidaturas de expertos a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos”.

Por su parte, en Nueva York, el representante alterno de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Christian Guillermet, fue designado por el buró de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional el 7 de febrero como punto focal para el fortalecimiento de los procedimientos para la elección de jueces, los cuales, según el artículo 36 del Estatuto de Roma, serán elegidos entre personas de gran moral, imparciales e integras.

Este grupo de trabajo también pretende recomendar a los Estados que establecezcan mecanismos nacionales que aseguren la presentación de solo aquellas candidaturas que cumplan los más altos estándares nacionales y los requisitos antes descritos.

El compromiso de Costa Rica con el multilateralismo y su andamiaje institucional no solo es incuestionable, sino uno de los pilares de nuestra política exterior. Por ello, no debe sorprendernos que el país lleve la batuta en los esfuerzos de los Estados para nominar solo a los mejores candidatos para que formen parte de esta estructura de protección.

Costa Rica debe dar el ejemplo y poner en práctica ya un sistema de escogencia de candidatos objetivo, abierto, transparente, basado en el mérito que nos garantice a cada uno de los costarricenses la idoneidad.

norlizor@gmail.com

El autor es abogado.