Patricia Vega Herrera.   3 junio

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene uno de los encargos legales más nobles y necesarios en la sociedad, como lo es el desarrollo integral de los niños y adolescentes dado el incremento y la complejidad de la violencia. Por la magnitud de esta encomienda, se le depositó la responsabilidad de lo que sucede a los menores de edad y el imaginario social exige casi su omnipresencia y omnipotencia.

Los derechos de la niñez y la adolescencia son responsabilidad de todos, por ello, el país diseñó un sistema de instituciones que deben garantizar su protección, pero funciona de forma muy limitada. Por ello, la Contraloría ordenó el ejercicio de la rectoría al PANI como una instancia más dentro del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.

Lo que pasa en el PANI hoy es el resultado de una gestión de cambio para responder a la esencia de su labor, un proceso que pasa por fases y requiere tiempo para que tenga un resultado satisfactorio y sostenible. La ruta está dada, sin ocurrencias, con técnica y enfrentando voces disidentes.

La institución definió las prioridades 2018-2022 y una hoja de ruta con cinco ejes estratégicos, uno de los cuales es la institución como rectora técnica que logre la corresponsabilidad de todos los actores sociales en esta materia. Se ha reforzado el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, se ha logrado la participación de las instituciones, hacer un programa de trabajo y la valoración de resultados priorizando la ejecución y el seguimiento de cuatro políticas: la de primera infancia, la escolar, la de adolescencia y, sobre todo, la prevención de la violencia.

Medición y rendimiento. Otro de los ejes es el mejoramiento de los servicios, tanto de oficinas locales como de albergues. Las primeras tienen el recurso humano que un estudio técnico recomendó (en el 2018 se asignaron 55 plazas), se rehicieron procedimientos y ya se ejecuta un nuevo modelo de gestión. Lo que no se mide no se conoce; por eso se han establecido, por primera vez, indicadores de medición y rendimiento que permiten dirigir acciones para optimizar la gestión diaria.

Para la atención de denuncias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se cuenta con un diagnóstico y se está elaborando un Modelo de Intervención. Este servicio se da solo en San José y en otras zonas es asumido por la Fuerza Pública.

Lo anterior se complementa con un nuevo sistema de albergues, en construcción, que permitirá responder a las necesidades de la población a nuestro cargo y que concluye con un proyecto de vida independiente para los adolescentes.

Organización de derechos humanos. El tercer eje es el recurso humano. La violencia contra la niñez y la adolescencia lastima a los funcionarios que día tras día deben ver la desgracia humana. La inversión en recurso humano es una necesidad insoslayable. Tenemos personal que no recibió ni siquiera inducción, menos capacitación. Para subsanar esta carencia, hemos establecido una Unidad de Capacitación, lo siguiente es el reforzamiento de la salud ocupacional y el clima organizacional.

Necesitamos el mejor talento humano capacitado, que también tenga el compromiso. No es un trabajo ordinario. Debemos hacer nuestros los cinco valores institucionales, a saber, respeto, solidaridad, compromiso, integridad y sensibilidad; valores propios de una organización de derechos humanos.

Para cumplir el cuarto eje —el uso de tecnología—, se inició el proceso de digitalización de 26.204 expedientes con 5.469.800 folios, primera fase para la creación del Expediente Digital de Niñez y Adolescencia (EDNA).

El quinto eje, desarrollo de infraestructura, cuenta hoy con un fideicomiso —logrado en tiempo récord y que está en refrendo en la Contraloría General de la República— por $25 millones para el desarrollo de 37 obras, 13 albergues, 24 oficinas locales y una dirección regional.

Seguimiento. Existe una Oficina de Administración de Proyectos, la cual vela por que los recursos invertidos tengan un rédito real para los menores de edad. Para esta administración, el tiempo de los niños y adolescentes es prioritario, por ello, funciona con una Oficina de Gestión de Cumplimiento que da seguimiento a la atención de los expedientes, optimizando la gestión para resolver, lo antes posible, la situación jurídica de los niños y adolescentes, y así puedan ser adoptados.

La inversión en prevención de la violencia y promoción es urgente. Para lograrlo, se han fortalecido las campañas educativo-formativas, las Academias de Crianza con una nueva malla curricular, los Centros de Intervención Temprana en conjunto con los Centros de Paz del Ministerio de Justicia y una nueva dirección a las unidades móviles (pendiente su reforzamiento con mejores equipos).

Además, continúa el trabajo para prevenir el suicidio, mantener a las adolescentes madres estudiando, fortalecer los hogares solidarios para evitar la institucionalización, así como construir parques infantiles y escuelas integrales de iniciación deportiva, la ampliación de servicios para la población en condición migratoria irregular, víctimas de trata, adictas y en penal juvenil.

Lo que pasa en el PANI hoy es el resultado de una gestión de cambio para responder a la esencia de su labor, un proceso que pasa por fases y requiere tiempo para que tenga un resultado satisfactorio y sostenible. Sin embargo, en el PANI ha pasado mucho en un año, cuyos resultados se verán a mediano y largo plazo. La ruta está dada, sin ocurrencias, con técnica y enfrentando voces disidentes. Si podemos contar con el compromiso del talento humano, será posible que el cambio se concrete y responder adecuadamente al encargo tan noble que nos hace la Constitución Política.

La autora es ministra de la niñez y la adolescencia.