José María Figueres Olsen. 8 octubre

Ayer y hoy, el periódico La Nación —enemigo desde siempre de los Figueres— escoge “medias verdades” para tejer una novela entre: 1) un proyecto de ley; 2) la empresa Sicpa (líder mundial en marcación y trazabilidad de productos); y 3) este servidor. Separemos el grano de la paja:

¿Cuál es el proyecto de ley? Uno que pretende aprovechar tecnologías de punta para controlar la falsificación o adulteración de productos (como los licores, causantes de más de 30 muertes y gran daño a nuestra reputación internacional) y que, al mismo tiempo, frena drásticamente la evasión fiscal al brindar a las autoridades tributarias las capacidades tecnológicas adecuadas que no tienen para verificar la información entregada por los productores.

En las actas de la Asamblea Legislativa, consta que el proyecto lleva más de un año en trámite y que, finalmente, fue aprobado por unanimidad en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos para pasarlo al plenario.

Se ha dicho que poner en operación estas tecnologías le costaría al fisco de Costa Rica sumas millonarias y muy pocos resultados. Falso.

El proyecto de ley no aboga por ninguna tecnología en particular para marcar productos. Existen muchas tecnologías y más de 30 empresas reconocidas a escala global que las ofrecen. El proyecto facultaría a la Administración Pública para, si lo desea, convocar un concurso internacional en el cual toda empresa interesada participe y compita.

¿Quiénes se oponen al proyecto? Los industriales y los importadores, productores y comercializadores de los productos que, al ser marcados, serían controlados. Se oponen también las cámaras empresariales que los representan. Eso era de suponerse. Nunca van a estar de acuerdo con la ejecución de programas tecnológicos de punta para controlar la producción que debe pagar impuestos porque eso les da instrumentos a las autoridades tributarias para fiscalizar mejor.

Asimismo, se opuso el renunciado viceministro de Hacienda, quien, ante la comisión legislativa y algunos medios de comunicación, entregó información errada e infló el costo de un proyecto de marcación y trazabilidad en 100 veces. ¿Para quién trabajaba?

Ahora, La Nación, con sus artículos del lunes y martes, al parecer, también se opone. ¿Pensará que al tener que pagar las empresas los impuestos que corresponden sobre los productos marcados se le podría bajar la publicidad que el periódico les vende a esas compañías? ¿O habrá decidido que, así como en el pasado engañó al fisco no pagando los impuestos que le correspondía, es mejor ponerse del lado de los evasores creando una cortina de humo alrededor del proyecto para distraer la atención de lo que sí importa en este caso?

¿Qué es Sicpa? Sicpa (acrónimo francés de Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires) es una empresa tecnológica líder mundial en todo lo que hace. Sus tintas de alta seguridad se utilizan para imprimir el dólar de Estados Unidos, el euro de Europa, el renminbi de China y el 95 % de los billetes del mundo. En otras palabras: es una empresa seria, en cuyas tecnologías y productos confían el 95 % de los bancos centrales del planeta, responsables de la emisión de billetes.

Desde hace más de 15 años, Sicpa desarrolló tecnologías de trazabilidad para ampliar el uso de sus tintas y tecnologías de alta seguridad, y, con ello, marcar productos asignándole a cada uno un código alfanumérico único. Esos datos van a una base en tiempo real que manejan las autoridades encargadas de cobrar impuestos en cada país. Su inmutabilidad se asegura mediante el uso de blockchain, o sea, que una botella de licor o de cerveza y una cajetilla de cigarrillos marcada por Sicpa no solo garantiza al consumidor que no es un producto falso (adulterado), sino que, además, les asegura a los recaudadores de impuestos que no haya evasión fiscal porque saben exactamente cuándo fue producido y puesto en el mercado, con lo cual las empresas ya no pueden engañar al fisco.

Sicpa en la región. Tecnologías Sicpa se utilizan para marcar y dar trazabilidad a productos que pagan impuestos selectivos de consumo en varios estados de los Estados Unidos y, también, en Canadá. ¿Será que esos países no conocen lo que hacen en materia de cobros de impuestos?

En muchas empresas globales, Brasil, por su tamaño e idioma, es una división independiente de la de América Latina. Así es en Sicpa. Cabe aclarar que hubo una investigación en años recientes a un consultor de Sicpa por pagos indebidos. Sicpa lo destituyó en el acto y colaboró en la investigación, lo cual sigue haciendo. Sicpa continúa operando normalmente en Brasil.

En Latinoamérica, mediante licitaciones internacionales, Sicpa ha ganado contratos en Ecuador (aproximadamente 1.300 millones de marcas al año en cigarrillos, cervezas y licores), Chile (unos 800 millones de marcas anuales en cigarrillos) y, más recientemente, República Dominicana (cerca de 900 millones en cigarrillos, cervezas y licores). En estos países, el programa ha sido muy exitoso. Si no lo fuera, no estaría operando.

Es necesario decir algo que los enemigos de la trazabilidad intencionalmente callan: su aplicación es fuertemente recomendada por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional porque la consideran sumamente eficiente y eficaz para combatir la evasión de los impuestos a mercancías como combustibles, tabaco y alcoholes. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el Convenio Marco para el Control del Tabaco, del cual Costa Rica es parte, la considera necesaria y justa para combatir el contrabando y la defraudación fiscal. Estos organismos internacionales han producido informes positivos sobre el sistema de trazabilidad adoptado por países como Ecuador, donde Sicpa opera.

Se ha dicho que poner en operación estas tecnologías le costaría al fisco de Costa Rica sumas millonarias y muy pocos resultados. Falso. En las soluciones de trazabilidad licitadas internacionalmente, es un estándar que el proveedor de la tecnología, en cada país, efectúa toda la inversión necesaria para empezar a marcar los productos, es decir, ni la industria ni mucho menos el Gobierno gasta un cinco anticipadamente, como da a entender el artículo de La Nación.

Cuando se inicia la operación de marcación de productos, se cobra un monto por marca que se establece en la oferta con la cual se ganó la licitación. De este modo, la empresa marcadora recupera la inversión a lo largo de un contrato, generalmente de cinco años, en que los gobiernos aumentan desde el primer día el control y la recaudación de impuestos sin haber invertido en ello.

¿En cuánto puede subir la recaudación del Gobierno? Depende de cuánto sea el comercio ilícito (contrabando, producción no reportada, producto alterado, etc.). Sin embargo, en ningún país se ha dado el caso de que la recaudación adicional no pague con creces (muchos múltiplos) el costo del programa tecnológico de marcación. Si no fuera así, no existirían programas de marcación para controlar la evasión de impuestos.

Mi papel en Sicpa. Desde hace algunos años formo parte del Consejo Global de la empresa. Soy el único latinoamericano en ese consejo y, como tal, soy el presidente regional. La operación en Latinoamérica la lleva Jorge Trujillo, director gerente, desde Santiago de Chile.

Esto se conoce en Costa Rica, por lo menos, desde el 29 de setiembre del 2017, cuando lo publicó Diario Extra, en un derecho de respuesta otorgado a Sicpa.

Me siento orgulloso de mis responsabilidades en Sicpa, que ahora incluyen otras a escala global. Modestia aparte, soy el único latinoamericano en haber alcanzado esa posición en 92 años de historia corporativa.

Gracias a los “amigos” de La Nación por hacer, nuevamente, su mejor esfuerzo por atacar a los Figueres. Eso no es nuevo ni me preocupa. Lo que no está bien es que, para hacerlo, faciliten la evasión fiscal criticando un proyecto de ley que provee a Hacienda avanzadas herramientas tecnológicas para controlar el justo pago de los impuestos.

El autor es expresidente de la República y presidente regional de Sicpa.