Leí la “Página quince” del 1. ° de marzo. Ahí, Nuria Marín habla del derecho a la intimidad y Carlos Tiffer, del Estado de derecho y del Estado policía. Comparto sus manifestaciones, pues retratan lo que dije como presidente del Partido Liberación Nacional (PLN) en el comunicado de prensa del 20 de febrero, el cual motivó amplia referencia a mi persona en esa misma “página”.
En diversos sitios se puede leer lo siguiente: “Un Estado policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente por medio de la supresión de las libertades civiles (…). Ejemplos de Estados policiales podrían encontrarse en Alemania durante el nazismo, en la Unión Soviética bajo el régimen comunista...”.
Carlos Tiffer dice: “El gobierno dio pasos en una dirección que nos acerca al Estado policía y nos aleja de nuestro Estado democrático de derecho”. Nuria señala: “Paradójicamente, mientras la Unión Europea lucha (...) para proteger el derecho a la intimidad, en Costa Rica, es el gobierno el que pareciera atentar contra ese derecho, mediante la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos…”.
La ley. Ninguna de esas manifestaciones riñe con el comunicado de prensa emitido por el PLN el 20 de febrero. Quienes creemos en el Estado de derecho sabemos que para todos es imperativo el cumplimiento de la ley, particularmente para nuestros gobernantes.
Los funcionarios están en el deber de conocer y respetar el principio de legalidad, en el que deben enmarcar todas sus actuaciones: “El funcionario público (sic) solo puede hacer aquello que la ley le permite”, ergo, el presidente de la República y el ministro de la Presidencia, por sus altos cargos, son los primeros obligados a sujetarse a dicho principio.
Creer en la torpeza simultánea de dos avezados políticos, firmantes de un decreto del que Carlos Tiffer afirma que “semejantes competencias creadas por decreto quebrantan groseramente derechos y principios constitucionales como el derecho a la intimidad y el principio de reserva de ley”, no es posible.
A su vez, Nuria Marín manifiesta: “No se vale tratar de utilizar el ejercicio imperial del gobierno para acceder a información sin consentimiento de la ciudadanía y mucho menos que esa información quiera ser usada con fines políticos (…). Valga este amargo capítulo para repasar lo sucedido en el siglo veinte y sus diferentes manifestaciones autoritarias…”. ¿Nazismo, comunismo, fascismo?
Pienso que nuestra democracia no está vacunada contra nada. Que si bien puedo imaginar tropezones del gobernante, también debo estar alerta y denunciar sus desvaríos de corte totalitario, por si las moscas.
No quiero, por pecar de ingenuo, tener algún día que lamentarme como lo han hecho, en conversaciones conmigo, periodistas cubanos y venezolanos, quienes callaron en su día contribuyendo a la destrucción de sus países. No voy, con mi ingenuidad y mi silencio, a ser cómplice de la destrucción de la democracia costarricense.
Reitero lo que transmití en el comunicado del PLN del 20 de febrero pasado. Tal como en él se dijo, sigo creyendo en que los actos del PAC y su gobierno atentan contra la democracia y contra nuestro sistema político basado en el respeto a las libertades ciudadanas. Sigo creyendo que el decreto sobre datos confidenciales es de corte totalitario y viola la Constitución Política, y que tales actos conducen a un Estado no democrático y controlador que no deseo para Costa Rica.
Es impropio del periodista de La Nación atribuirme haber dicho que: ”La administración Alvarado(…) es nazisoviética”. Si hubiera leído sin pasiones progobiernistas, se habría percatado de que apliqué ese apelativo al decreto sobre datos confidenciales. Algo, en castellano, diferente.
Me complace ver que las palabras de ciudadanos como Nuria Marín y Carlos Tiffer, en “Página quince”, coinciden plenamente con mis conceptos, y celebro que La Nación los acoja, con objetividad, en ese prestigioso foro, junto con lo que aquí expreso, lo que reafirma mi creencia en la libertad de prensa y el periodismo responsable.
El autor es ingeniero.