Erick Ulate Quesada. 13 julio

Uno de los aspectos de política pública más discutidos y en el cual menos se avanza es en la necesaria liberalización del precio del arroz.

A lo largo de los años son muchos y muy diversos los informes y estudios efectuados donde queda clara la necesidad de que el Estado deje de distorsionar el mercado del producto básico de la dieta de los costarricenses.

Un ejemplo es el estudio llevado a cabo para la Cámara de Comercio por las economistas Alejandra Mata y Viviana Santamaría. En sus conclusiones, indican que los controles de precios al arroz no solo se traducen en un sobreprecio al consumidor, sino que afectan en mayor medida a las familias con menos poder adquisitivo, pues un 10,7 % del ingreso mensual del hogar del primer quintil se destina a la compra de este grano.

Lo anterior significa que una onceava parte del ingreso de una familia que sobrevive con ¢190.000 al mes se destina a la compra de arroz.

Por otro lado, el Informe de políticas agrícolas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Costa Rica estableció que el país “todavía mantiene el apoyo a los precios de mercado (MPS, por sus siglas en inglés) en cultivos clave (notablemente el arroz) y ese es justamente el tipo de apoyo que más distorsiona la producción y el comercio”.

Asimismo, dice la OCDE, este tipo de ayudas “elevan el precio de los alimentos básicos, afectan principalmente a las familias necesitadas y apoyan en gran medida a grandes productores y a molineros, reduciendo la flexibilidad del agricultor para elegir cultivos más productivos y adaptables frente a la amenaza del cambio climático”.

Incluso un informe de diciembre del 2019, de Jorge León Murillo, publicado en la página del Banco Central, indica entre las conclusiones que la “liberalización del mercado del arroz es positiva para el consumidor, al aumentar su ingreso disponible y, por tanto, el consumo”.

Con respecto al impacto en la actividad agrícola, ese mismo informe señala que la contracción en el empleo del sector arrocero es más que compensada por el incremento de los puestos de trabajo en el resto de la economía.

Es evidente que las políticas proteccionistas para los arroceros no han impedido una fuerte disminución en la cantidad de agricultores dedicados al cultivo ni ha propiciado un aumento notable en el área sembrada.

Por todo lo anterior, es necesario que el Poder Ejecutivo, en general, y la ministra de Economía, en particular, tomen la decisión postergada por años de liberalizar el precio del arroz para beneficio de los consumidores; los reiterados estudios aportados a lo largo de muchos años dan sustento técnico a la medida.

El autor es presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica.