Juan José Echeverría. 12 octubre

Cuando empezaron los bloqueos pensé en escribir este artículo, pero consideré que podría interpretarse como una instigación a la violencia, y preferí esperar a que se normalizara la situación para hacerlo. Como continúan, creo que es el momento oportuno.

Como abogado y exministro de Seguridad que en algún momento juré hacer cumplir la ley y respetar la Constitución, me siento en la obligación de dejar constancia de lo que considero procedente.

El artículo 22 de la Constitución Política garantiza el libre tránsito de los costarricenses por el territorio nacional y establece que ese derecho no puede impedirse a nadie sin una causa justa.

El artículo 193 del Código Penal dice que será sancionado con prisión de tres a cinco años “quien mediante amenaza grave o violencia física o moral compela a una persona a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”.

El 259, que será reprimido con prisión de uno a seis años quien ejecute algún “acto que ponga en peligro la seguridad (…) o de otros medios de transporte terrestre”.

En el 280 se promulgó que será reprimido con seis meses a cuatro años de prisión quien instigue “a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública” sin que siquiera sea necesario que el hecho se produzca.

El 304 fija prisión de 1 a 4 años para los que se alcen “públicamente en número de diez o más para impedir la ejecución de leyes”.

El 311 castiga con de un mes a tres años de cárcel al que emplee intimidación o fuerza contra un funcionario para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

El 395, inciso primero, multa con de 5 a 30 días al que, en cualquier forma, cause “alboroto que perturbe la tranquilidad de las personas” y, en el inciso tercero, con la misma pena al que “en lugar público o de acceso al público” promueva el desorden o participe en él cuando el hecho no tenga señalada una sanción más grave.

El 400, en el título de molestias a transeúntes o conductores, dispone que será sancionado con de 5 a 30 días de multa quien "obstruya o, en alguna forma, dificulte el tránsito en las vías públicas o sus aceras, con materiales, escombros u objetos, o las cruce con vehículos o vigas”.

Transcribí todos los textos legales que permiten la sanción a quienes en los últimos días han realizado bloqueos.

Los artículos 22, 25 y 28 del mismo código instaura lo que se conoce como derecho de legítima defensa y cumplimiento de la ley.

En cuanto al derecho de defensa, siempre se alega la proporcionalidad que debe existir entre el medio de defensa y el medio del ataque.

La justificación fundamental para todo medio de defensa es que esté en peligro la vida o la integridad física del que lo use.

En los hechos que comento quedó demostrada la utilización de bombas molotov, machetes y otras armas blancas.

Contra esos medios de agresión, la Fuerza Pública pudo haber usado otro tipo de defensa, pero si la prudencia y moderación de los oficiales evitó que así fuera, solo nos queda hacerles un público reconocimiento por ello.

Sin embargo, debo criticar con toda vehemencia a quienes acusan a la Fuerza Pública de haber cometido excesos. Todo lo contrario. Basta con ver la cantidad de policías heridos en relación con los delincuentes manifestantes lesionados.

La Ley General de Policía, en el artículo 8, inciso d, faculta a las fuerzas policiales para asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público.

En razón de lo anterior, la Fuerza Pública no tiene más remedio que cumplir con su deber cueste lo que cueste, y para ello debe entenderse con toda claridad que en el cumplimiento de ese deber puede hacer uso de la legitima defensa si es agredida.

Es muy encomiable la actitud del gobierno de estar siempre abierto al diálogo, pero cuando se violan derechos constitucionales debe actuarse de inmediato y después negociar todo lo que se quiera. Si se hubiera hecho así, se habrían evitado grandes daños económicos y sociales.

El autor es exministro de Seguridad.