Una parte del país dio el paso hacia la televisión digital, de acceso abierto y gratuito, la semana pasada. Fue un cambio histórico para mejorar la calidad de la imagen y el sonido que llega a los hogares costarricenses; asimismo, para asegurar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, la parte de la atmósfera por donde viajan las señales de radio y televisión. Se trata de un bien natural bajo dominio del Estado, y de gran valor no solo para la radiodifusión, sino para el envío de datos y el uso de otras tecnologías.
El uso eficiente de este recurso le ha permitido al Estado recuperar 48 megahercios (MHz) de espectro. De estos, al menos 24 MHz deberán ser utilizados para solventar necesidades locales o nacionales, según el Plan Nacional de Telecomunicaciones. En otras palabras, este porcentaje de espectro será utilizado para dar cabida a nuevas señales de televisión, nuevas voces y nuevos actores en el sistema mediático costarricense.
Es una oportunidad enorme en términos democráticos. Como país, debemos asegurarnos de que la asignación de estos 24 MHz sea bajo parámetros de diversidad comunicativa. Para ello, debemos abordar, como mínimo, tres retos.
1- Criterios de la licitación. Una distribución democrática de este espectro debe contemplar un cartel licitatorio que responda a criterios no comerciales, con base en las recomendaciones hechas por el Sistema Interamericano de Derechos humanos.
Entre otros aspectos, me atrevo a recomendar que el cartel considere la relevancia que tendría en una comunidad o en una región un nuevo canal de televisión, en términos de desarrollo, multiculturalidad o pluralidad informativa. Es decir, que la concesión se otorgue no solo al actor con más capacidad económica, sino al que pueda impactar más positivamente a esa comunidad.
Además, la licitación debería prohibir concursar por frecuencias para los grupos que ya administran espectro, y autorizar a todas las iniciativas que transmitan por estos 24 MHz a vender publicidad como forma de financiamiento. Esto evitará malentendidos en el futuro por parte de quienes consideran que los medios comunitarios, locales o regionales carecen de publicidad.
2- Infraestructura de transmisión. Poco ganamos si tenemos una distribución democrática del espectro, pero los nuevos canales no cuentan con infraestructura, transmisores y antenas para difundir sus señales. Es evidente que este tema es más complejo porque depende de realidades financieras concretas, de las finanzas públicas y de una serie de actores y elementos tecnológicos con un determinado valor en el mercado.
A pesar de la dificultad, existen algunas líneas generales que se pueden explorar. Por ejemplo, la posibilidad financiera y legal de crear infraestructura pública administrada por alguna institución estatal que brinde a los canales los medios pertinentes para emitir su señal a nivel nacional o regional. También, facilitar nuevas formas de asociación privada para permitir a los actores hacer inversiones conjuntas en equipo indispensable para transmitir.
3- Acceso de las nuevas señales. En un país donde el 70 % de las personas paga televisión por cable o por satélite, es fundamental asegurar que los nuevos contenidos — los cuales se espera tengan un alto valor educativo, cultural y comunal— sean recibidos de manera gratuita en la mayor cantidad de hogares.
Para que esto ocurra, precisa exigir a los concesionarios de nuevas frecuencias ofrecer sus señales de manera gratuita a las empresas de cable o satélite (must offer), así como obligar a estas a incluirlas en sus parrillas de programación (must carry), de modo que no signifique un cargo adicional a sus clientes. Lo anterior requiere una decisión política, medidas administrativas y legales, así como una discusión profunda sobre el tipo de señales gratuitas. No obstante, garantizaría el acceso y difusión de contenidos de interés público.
Estos tres retos puestos sobre la mesa son algunos de los pendientes para asegurar que la televisión digital sea realmente democrática, abierta y de acceso libre. Es necesario dialogar y tomar decisiones entre todos los sectores interesados, para garantizar no solo nuevas señales de televisión, sino también el derecho a la información y a la comunicación de todas las personas.
El autor es diputado.