Johnny Araya Monge. 27 septiembre, 2019

Han surgido diferencias de opinión en relación con las palabras que, con ocasión del 198 aniversario de la independencia, pronuncié en el Parque Nacional.

"Tampoco es justo que las instituciones que generamos recursos propios, nos veamos obligadas a obedecer una regla fiscal que debe orientarse al Gobierno Central y a las instituciones autónomas que dependen de las transferencias ligadas al presupuesto nacional”, manifesté.

Para la Municipalidad de San José, las consecuencias de la regla fiscal serían muy graves. A mitad del año entrante, nos veríamos obligados a despedir a, por lo menos, 300 trabajadores de la partida de jornales ocasionales.

El déficit fiscal lo origina principalmente el aumento descontrolado del gasto corriente del Gobierno Central y las instituciones autónomas que dependen presupuestariamente de sus transferencias.

Tarde o temprano la sentencia de la Sala Constitucional sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la aplicación de la regla fiscal a los presupuestos municipales terminará por dirimir tales diferencias, a no ser que la Asamblea Legislativa decida tomar decisiones razonadamente sensatas al respecto y apruebe una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que, valga la aclaración, está siendo cumplida con serias limitaciones por los municipios.

Oposición. Nos oponemos a que a los ayuntamientos se les imponga un tope de crecimiento del 4,67 % en el gasto corriente del 2020. Para los gobiernos locales que de por sí ven limitados sus espacios de gestión debido al altísimo centralismo del Estado, afecta fuertemente el trabajo de las municipalidades que brindan servicios intensivos en el uso de recurso humano. A no ser que los defensores de la medida no crean en la necesidad de fortalecer los gobiernos locales y, más bien, favorezcan la privatización, como podría surgir en un escenario en el que se reduce la capacidad financiera y operativa de los municipios.

Entre los ingresos de las municipalidades, además de las patentes y los impuestos sobre bienes inmuebles y la construcción, están las tasas por los servicios municipales, como la recolección de residuos, aseo de vías públicas, mantenimiento de parques y de la red pluvial, entre otros.

A pesar del pendiente que ha venido arrastrando nuestro país en cuanto al desarrollo municipal, está claro que en los últimos años los esfuerzos para que los ayuntamientos incrementen su participación y protagonismo en la solución de los problemas de las comunidades han dado frutos. Se ha avanzado en mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios municipales, así como en la prestación de nuevos servicios, como el de la seguridad ciudadana y los relacionados con la cultura.

También podemos mencionar el papel creciente en la rectoría que les corresponde en materia de planificación urbana y ordenamiento territorial. Para respaldar estos avances, la mayoría de los gobiernos locales hemos tomado acciones para optimizar la gestión tributaria con resultados que están a la vista en la mayoría de los cantones.

Está claro que las municipalidades tienen fuentes propias de financiamiento que constituyen un muy alto porcentaje de sus presupuestos, ya que el total de las transferencias del Gobierno Central a los 82 municipios es tan solo el 1,2 % del presupuesto nacional y están orientadas casi por completo a inversión en obra pública, en particular, infraestructura vial.

Debilitamiento de la acción municipal. La imposición de la regla fiscal a las municipalidades, que en realidad se diseñó en función del déficit del Gobierno Central, va a dar al traste con muchos de los esfuerzos que se hacen por brindar nuevos y mejores servicios a los cantones y por fortalecer la gobernanza local. Por lo que se está prácticamente truncando los pocos avances en cuanto al fortalecimiento del régimen municipal, condenando a una marginalidad aún mayor a los gobiernos locales.

Además, las municipalidades cumplen con una serie de reglas fiscales o presupuestarias diligentemente fiscalizadas por la Contraloría y, como ha reconocido el Ministerio de Hacienda, el cumplimiento de la nueva regla en los municipios no tendrá incidencia en la reducción del déficit fiscal.

Para la Municipalidad de San José, las consecuencias de la regla fiscal serían muy graves. A mitad del año entrante, nos veríamos obligados a despedir a, por lo menos, 300 trabajadores de la partida de jornales ocasionales, quienes nos ayudan a reforzar las cuadrillas que operan en diferentes servicios, así como a detener el crecimiento de la Policía Municipal.

En el segundo semestre, sería imposible pagar horas extras, pese a que casi todos los servicios municipales las demandan, sobre todo, si tomamos en cuenta que a nuestra municipalidad le corresponde atender un cantón que a su vez es la capital de la República, y, por tanto, tiene diariamente una población flotante adicional de más de un millón de personas.

No me cabe duda de que la aplicación de la regla fiscal en las municipalidades estaría agravando el problema del desempleo en nuestro país.

A favor de un cambio en la ley. Tampoco es correcto mencionar el salario de los alcaldes para insinuar que estamos defendiendo intereses particulares. Al menos en mi caso, no me he opuesto a que se modifiquen las leyes para poner un límite razonable a esta remuneración.

El resto de los salarios en las municipalidades están homologados con los puestos y categorías del Servicio Civil y son fiscalizados por la Contraloría General de la República.

También mencioné en mi discurso del 15 de Setiembre que estoy de acuerdo con poner límite al gasto público injustificado y a los excesos, los cuales, en no pocas instituciones, existen, muchos de ellos amparados a convenciones colectivas abusivas. Pero no es cercenando la capacidad financiera y, por ende, operativa de nuestras municipalidades, como se resuelve el problema fiscal.

El autor es alcalde de San José.