EscucharLa Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hace algunos años los accidentes de tránsito como una epidemia mundial.
A escala global, alrededor de 1,3 millones de personas mueren en las carreteras cada año y entre 20 millones y 50 millones sufren traumatismos no mortales, lo que representa un problema significativo de salud pública y una causa relevante de discapacidad en los países.
Todos los días fallecen en el planeta aproximadamente 3.500 personas debido a hechos relacionados con el tránsito vehicular. La mitad se produce entre los menos protegidos en las vías: motociclistas (23 %), peatones (22 %) y ciclistas (4 %), informa la OMS.
Esta organización promueve el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, por lo que el próximo año deberíamos conocer los resultados de la iniciativa en nuestro país.
Es urgente iniciar un debate nacional tristemente postergado; estamos ante otra expresión de la indolencia de las autoridades que se sostienen con la multibillonaria composición de la planilla estatal.
Magnitud. En setiembre del 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El ODS número 3.6 se impuso la meta de reducir a la mitad el número mundial de víctimas fatales y los traumatismos por estos accidentes entre el 2015 y el 2020.
“Un reconocimiento cada vez mayor del enorme precio que se cobran los traumatismos causados por los accidentes de tránsito. También constituye un reconocimiento de la pesada carga que los accidentes de tránsito imponen a la economía nacional y a las familias, y, por tanto, de su pertinencia en los programas de desarrollo y de medio ambiente que se abordan en los ODS”, expresa la OMS acerca del ODS 3.6.
No es casual que los principales motivos sean prácticamente los mismos en casi todas partes: irrespeto de las leyes, sobre todo exceso de velocidad; consumo de alcohol y drogas; infraestructura vial insuficiente, que afecta fundamentalmente al peatón; y aumento del parque vehicular.
Contribuiría mucho a reducir los eventos si existiera planificación eficiente del transporte, diseños de carreteras más seguras, una mejor planificación posible del transporte público, el comportamiento racional de las personas y una eficaz educación para la seguridad vial.
El Instituto Nacional de Seguros desembolsó en el 2019 ¢53.000 millones en atención a víctimas de accidentes en carretera, lo cual incluye soporte médico, pago de incapacidades y rehabilitación, entre otros rubros.
Los motociclistas son responsables del 54 % de los accidentes. Del 2014 al 2019 el monto cubierto por el INS se duplicó.
Los números más recientes de las calles de la muerte de este país son: 39 ciclistas fallecidos en el 2018; 34, en el 2019; y a setiembre ya alcanzaban los 28.
Cuando la estadística llega a su puerta. Nuestro hijo Luis Diego es un atleta apasionado, que usa todo el equipo de protección necesario, riguroso en la revisión del estado técnico de sus bicicletas, cletero de conceptos claros sobre seguridad, prudencia y respeto de las leyes.
Con entusiasmo se sumó a la iniciativa Aconvivir, propuesta por la Asociación de Deportistas Contra la Violencia Vial y el Irrespeto, que invitó a 3.000 ciclistas a completar 30.000 kilómetros durante el fin de semana del 26 y 27 de setiembre, con el fin de recaudar fondos para una campaña de sensibilización por la seguridad en las carreteras. Entre las rutas propuestas, Luis Diego escogió Piedras Negras, porque la conoce bien.
Cerca de las 9 a. m. del domingo 27, de regreso a la casa, chocó en una curva con un motociclista que conducía a alta velocidad por el centro de un camino secundario.
Otros dos ciclistas lo auxiliaron, llamaron una ambulancia e intentaron detener al motociclista, quien huyó inmediatamente en su moto sin placas.
Luis Diego permanece hospitalizado y su condición es estable. Las personas que le prestaron ayuda afirman que el motociclista maneja ebrio con frecuencia, como se encontraba ese día.
Recuerdo desde el domingo —cuando nuestros corazones empezaron a estrujarse por una profunda angustia que todavía no termina— que los costarricenses creemos que la ley debe imponerse porque es un deber moral y nos beneficia a todos. Quiero pensar que continúa siendo así.
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El autor es abogado.
