EscucharEl modelo de Estado que enorgullece a los costarricenses tiene su origen en la década de los 40 del siglo pasado, cuando se aprobaron las garantías sociales: el seguro social, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Código de Trabajo.
Las tres abrieron una enorme puerta para que la nación avanzara con rumbo seguro al desarrollo, al primer mundo.
El país continuó durante dos décadas por esa senda: sin ejército, con pureza electoral y colegios vocacionales y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para el aporte de mano de obra calificada a la naciente industria.
La UCR contribuyó a la formación de profesionales; el ICE, a la electrificación y la telefonía; y se fundaron otras instituciones de bien social.
Fueron tres décadas en el camino hacia el desarrollo, hacia la igualdad de oportunidades. Al frente, un aparato estatal pequeño, austero, abnegado, sostenible y sin deudas preocupantes. Teníamos un estado benefactor.
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Cambio de modelo. Las ocurrencias políticas en la década de los 70 marcaron el inicio de lo que tenemos 50 años después: un aparato estatal enorme, voraz, ineficiente, estancado en desarrollo y fiscalmente insostenible.
El Estado actual se alejó de la austeridad, de la solidaridad, para convertirse en un administrador de la salud, la educación y otros servicios de bien social, cuyos beneficios para los ciudadanos no se condicen con los salarios pagados a los servidores públicos.
Además de las áreas esenciales, el Estado es empresario de bancos, seguros, electricidad, telefonía, combustibles, licores, etc. Las escasas utilidades empresariales, debidas a la poca exigencia en el desempeño y a la poca eficiencia, son absorbidas para el sostenimiento de un aparato enorme y despilfarrador.
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Venta de activos. Los políticos tienen un empleo bien pagado: pasan de diputado a gerente de un ente estatal; de ministro a presidente ejecutivo; de diputado a rector o alcalde, es decir, su estabilidad laboral está garantizada.
Reducir el tamaño del Estado significa disminuir las lucrativas fuentes de empleo de los políticos, lo cual genera en ellos una ferviente oposición disfrazada de solidaridad con los empleados de niveles inferiores.
Vender activos del Estado no significa crear desempleo; es una falacia. Los nuevos dueños de los activos también necesitarán empleados de todos los niveles para su operación.
La venta de algunos activos permitirá achicar de manera significativa el monto del préstamo que se le pedirá al FMI. Por otro lado, cobrar más impuestos para conservar empresas públicas que solo producen beneficios a quienes laboran en ellas es inmoral y carece del sentido de justicia social.
Verdadero diálogo. Seamos serios, don Carlos, la grave crisis económica no se arregla con ardides políticos ni convocando a sectores y personas para que den soluciones.
El pueblo lo eligió a usted para que tome decisiones con pragmatismo, con la razón y el sentido común, basado en propuestas de análisis técnico de economistas de experiencia provenientes de su gabinete y del sector productivo.
Debe tomar en cuenta las advertencias hechas por el abogado Rubén Hernández y el exdirector del Registro Civil José Joaquín Arguedas para que la ley de empleo público corrija la desigualdad laboral e impida que futuras convenciones colectivas hagan de nuevo insostenibles las remuneraciones estatales.
Producto de las convenciones colectivas existen mandos medios cuyos salarios son más elevados que los del jerarca, sea ministro, defensora de los habitantes, etc.
Así como los líderes políticos utilizan su paso por el Estado para enriquecer su currículo y, posteriormente, aspirar a cargos en organismos internacionales o universidades, el Estado, en las últimas dos décadas, ha utilizado a la sociedad como medio, una diligencia conveniente para su beneficio.
El autor es ingeniero
