Carlos Blanco. 15 mayo

La economía costarricense está en la fase de desaceleración del ciclo de crecimiento de la producción a largo plazo, iniciado a principios del 2016, cuando alcanzó un máximo del 4,3 %.

El más reciente cálculo del Banco Central sitúa el crecimiento del PIB este año en un 3,2 %. Sin embargo, en los primeros tres meses, el índice mensual de actividad económica (IMAE) registra un crecimiento de la producción interanual de tan solo un 1,9 %.

Lo anterior sugiere que la desaceleración está por llegar a su fin y dar lugar a un período de recuperación o crecimiento “fácil”. La evidencia histórica muestra que la duración media de los ciclos de crecimiento económico es de, aproximadamente, cinco años. Es posible que el nuevo máximo se alcance en el 2021.

Factores que mueven la producción. Durante años, el crecimiento del PIB ha estado basado, principalmente, en el uso extensivo de trabajo y capital, no tanto en la productividad, entendida como la eficiencia o habilidad de producir más con los mismos insumos. De ahí que, desde la década de los noventa, el potencial de crecimiento haya estado limitado a un valor cercano al 4 %. A consecuencia de ello, el país no ha conseguido salir de la trampa del ingreso per cápita mediano, según la clasificación del Banco Mundial.

La reactivación económica que procura el gobierno, para disminuir el déficit fiscal y elevar el bienestar de la población, necesita reforzar esos insumos con aumentos sustanciales y sostenidos en la productividad (crecimiento “difícil”). Un salto en productividad puede perfectamente expandir las fronteras de crecimiento potencial del PIB en dos o tres puntos porcentuales.

De tal forma, el aumento de la eficiencia se convierte en una condición para dar dinamismo al entorno económico, aumentar el ingreso y disminuir el desempleo y la pobreza. No obstante, para que el esfuerzo fructifique, paralelamente, se requiere vigorizar la insuficiente demanda ─ojalá liderada por exportaciones a nuevos mercados─ y que el gobierno tome una serie de medidas y políticas para promover la competitividad.

Medidas con efectos a corto y mediano plazo. La meta a corto plazo debiera ser eliminar las políticas estatales ineficaces que, junto con imperfecciones del mercado, distorsionan la asignación de recursos en el sector productivo. Preocupa que esas distorsiones estén causando la huida de empresas extranjera o evite la entrada de nuevas, tanto del exterior como nacionales.

De ahí la urgencia de hacer eficiente el aparato estatal y eliminar trabas para la operación e iniciación de emprendimientos empresariales, lo cual, de paso, disminuiría el empleo informal, hoy en un 46,1 %. Para dinamizar la economía, el empresariado propone reformar el empleo público, acabar con la tramitomanía, bajar cargas sociales y tarifas de servicios básicos, y concretar con mayor rapidez la construcción de obra pública.

Es imperante consolidar el entrenamiento de trabajadores bajo el lema de aprender haciendo (educación dual), así como fomentar el teletrabajo y las jornadas flexibles. Asimismo, es preciso recortar gastos de baja calidad e impacto social en todo el aparato estatal. En el sistema financiero, es necesario lograr más eficiencia, lo que está asociado a márgenes de intermediación que ofrezcan mejores rendimientos al ahorro y menos costos al crédito.

A mediano plazo, debe disminuirse la evasión y la elusión fiscal para aumentar los ingresos del Gobierno para equilibrar sus finanzas. A su vez, debe revisarse hacia la baja la política de subsidios y exoneraciones.

Medidas con efectos a largo plazo. Durante este período, el gobierno debe promover una mejora sustancial en el rendimiento de la educación académica y técnica, lo cual también presupone un perfeccionamiento en la capacitación de profesores y estudiantes.

El programa de educación dual deberá estar consolidado, lo mismo que la enseñanza de otros idiomas. Además, deben aumentarse los recursos para investigación y desarrollo tecnológico, dar asistencia técnica a empresas en el uso de métodos eficientes de producción amigables con el ambiente e incentivos a las que exporten parte de su producción.

En ese plazo, se espera que el Estado elimine monopolios y promueva la libre competencia, políticas cuyo resultado es la eficiencia, costos bajos y aumento del empleo.

El autor es economista.