Uno de los principales problemas de Costa Rica es que la información no fluye. No fluye porque se atasca en los complejos trámites.
En plena era digital, la información se mueve por medios humanos: en las instituciones reciben papeles y formularios con varias copias; un funcionario se deja la copia rosada, otro la celeste y otro la verde. Esto sin contar la original, que está guardada.
En este proceso cada funcionario hace algo en las copias (ponen sellos y firmas, pegan timbres, etc.) y las van pasando a otros funcionarios en la cadena, quienes hacen lo mismo, pero en otro nivel, hasta que al fin llegan adonde el jefe, quien aprueba o desaprueba el trámite.
Lo anterior no incluye el espacio que ocupan y el peso de los incontables archivadores metálicos con gavetas para los papeles.
El proceso no solo toma días, semanas o meses —a veces años—, sino que podría ser origen de corrupción, pues el interesado, desesperado, ofrece lo que sea con tal de que su trámite sea pasado a los primeros puestos de la fila.
La mayoría de las veces son gratis o tienen un precio muy bajo; sin embargo, la suma de todos los trámites de todas las instituciones significan un costo altísimo, por estancamiento, para toda la sociedad y los emprendimientos que resultan frenados.
A los funcionarios que tienen sus salarios y sus pluses asegurados nada de esto les importa («siempre se ha hecho así»).
Es más, en demasiados casos realmente sienten que su función última es decir que no. Todo esto hace que los costos de cada transacción, aunque aparentemente baratos, sean carísimos, en términos de tiempo y ejecución, para la sociedad.
Ahorro y celeridad. En un sistema digital una transacción de este tipo podría durar nanosegundos, con un resultado digital —ni siquiera impreso— inmediato para el usuario.
La transacción digital cuesta casi nada, pero el usuario estaría más que dispuesto a pagar una suma mucho mayor por la agilidad.
Aplicado a todos los trámites de todas las instituciones, un sistema como este produciría tremendas utilidades monetarias al Estado. Este sistema digital no sería muy diferente a los existentes en algunas corporaciones, a las que se les contrataría el servicio.
Muchos se preguntarán qué pasará con los miles de funcionarios que pegan timbres y ponen sellos en copias de colores. La respuesta en realidad es muy sencilla: se les dan vacaciones indefinidas, pagadas de acuerdo con la ley utilizando los recursos generados por el sistema digital.
Esos funcionarios de vacaciones —con todo el tiempo para sí mismos—, a su vez aportando a la seguridad social, serían libres para gastar y se convertirían en inputs de la economía gracias a su consumo, sus inversiones, su turismo, sus estudios, su deporte, su movilidad física y en muchas otras formas. El Estado sería, definitivamente, mucho más liviano, transparente y eficiente.
¿Utópico? No. Se trata de que la información fluya para beneficio y desarrollo de los servicios de todo el sistema estatal y, consecuentemente, de los emprendedores, que son los que generan riqueza para compartir.
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El autor es arquitecto.