María Inés Solís Quirós. 20 septiembre

El país está envuelto en una discusión sin fin. Cada día más sectores de la población se lanzan a las calles para defender sus intereses. La huelga, sin duda, es un derecho de los costarricenses; sin embargo, debe haber regulaciones para establecer límites, pues las consecuencias, principalmente de la del último año, han sido perjudiciales en gran medida para la economía.

Lejos de ser un derecho, la huelga se ha convertido en un portillo para el desorden social, y prácticamente todos los costarricenses han resultado afectados de manera directa o indirecta por las acciones de los manifestantes.

Los sindicatos deben dar opciones a sus agremiados y dejar de esperar que la solución de sus problemas salga del gobierno.

Varios países suspenden el salario a los trabajadores en huelga, entre estos Francia, España, Bélgica, Holanda, Suecia, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile y Perú. Si ellos lo hacen, ¿por qué en Costa Rica no?

Los trabajadores disfrutan una serie de privilegios, entre los cuales se encuentra el pago del salario durante los días de protestas. No obstante, es momento de un cambio no solo en la institucionalidad, sino también en la manera como las personas conciben al Estado, el cual históricamente ha sido considerado un ente benefactor y ello ha frenado el desarrollo nacional.

Corregir el rumbo. Ahora, se pretende corregir este tipo de errores, con la aprobación del proyecto de ley para regular las huelgas, el cual está amparado por diferentes lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sindicatos de diferentes países utilizan mecanismos para garantizar a los trabajadores sus remuneraciones durante la huelga, mediante el pago de una cuota deducida del salario de cada afiliado, es decir, se trata de un sistema solidario.

Uno de los sindicatos más reconocidos, y que hace uso de este mecanismo, conocido como “cajas de resistencia” es la Unión Sindical Obrera (USO) de España. El gremio lo define en su reglamento como un instrumento de solidaridad y ayuda mutua de todos los afiliados para hacer más fuerte y eficaz la actividad sindical, de acuerdo con los objetivos del sindicato.

Existen otros sistemas y los trabajadores, en el momento cuando deciden ir a huelga, gestionan las cajas de resistencia.

A inicios del año, La Nación informó de que los sindicatos de educadores y otros empleados del MEP contaban en el 2018 con más de 98.000 agremiados y recibieron unos ¢12.000 millones anuales. Gran parte de ese dinero es utilizado para gastos administrativos, mantenimiento de edificios y vehículos, y compra de equipo, entre otros.

En la huelga del año anterior, contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el MEP pagó aproximadamente ¢2.200 millones diarios a quienes dejaron de dar lecciones para unirse al movimiento, en el segundo mes se depositaron ¢132.906 millones, de acuerdo con información publicada también por este medio.

Responsabilidad sindical. Los sindicatos deben dar opciones a sus agremiados y dejar de esperar que la solución de sus problemas salga del gobierno. Es momento de dejar de ver al Estado como un ente cuya obligación es dar respaldo económico en todo caso. Empiecen a buscar soluciones y a asumir la responsabilidad que les corresponde.

Estamos en un momento crítico para el país y mantener privilegios es una vía de acción inaceptable. La aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue solo el primer paso para equilibrar las finanzas públicas, pero aunado a esto deben tomarse acciones que logren enviar a los costarricenses señales claras de transparencia y una buena gestión de los recursos.

La autora es diputada.