El proyecto sobre generación distribuida, de Paola Valladares, Erwin Masís y otros diputados, no obstante ser una oportunidad para ordenar y aprovechar los recursos, contiene omisiones y vacíos técnicos y económicos.
De mantenerse el texto como está, representa riesgos para la seguridad del sistema eléctrico nacional (SEN) y las empresas eléctricas.
La industria eléctrica ha venido transformándose en los años recientes. La generación distribuida es una realidad innegable e imparable, que no surge por iniciativa del legislador, sino como tendencia de consumo global.
La instalaciones de paneles solares crece exponencialmente en el país y alcanza una capacidad instalada de alrededor de 50 megavatios (MW), lo cual empieza a impactar en la operación del SEN.
El crecimiento en los últimos años ha sido muy alto y es de preverse que luego de superados los embates de la covid-19 continúe en alza. Solo en el año 2019 tanto la CNFL como el ICE recibieron 772 solicitudes.
Por eso, es necesario establecer mecanismos para regular la actividad, por ley o reglamento, para evitar los efectos de un crecimiento exponencial y descontrolado que pondría en riesgo la seguridad operativa del SEN por la interacción de la generación distribuida con los circuitos de distribución y el sistema. Esta creciente actividad es similar a la disrupción ocasionada por Uber en el transporte público.
Consultado en mi calidad de director del Centro Nacional de Control de Energía (Cence), propuse al legislador que el Cence cree una metodología aprobada por la Aresep para fijar el límite nacional seguro de penetración de este tipo de producción, que garantice que no habrá apagones o pérdida de calidad en el SEN. Esta solicitud no fue atendida.
Tampoco fue considerada otra propuesta: que el Cence proponga una metodología a la Aresep para definir un tope a la generación por circuito de distribución, con el fin de garantizar al resto de los usuarios conectados a los circuitos que no sufrirán un deterioro en la calidad del servicio eléctrico.
Riesgos financieros. El alza en las tarifas sería una consecuencia inevitable del proyecto de ley si los costos de infraestructura, respaldo y regulación para brindar el servicio eléctrico a esos productores-consumidores no se les trasladan.
Para comprenderlo mejor, quienes instalan paneles siguen conectados a una red centralizada y consumen del SEN la energía faltante que su propia red no produce. Ocurre durante el amanecer, luego de la puesta del sol y por nubosidad.
Es indispensable para esa dinámica mantener las plantas generadoras centralizadas para atender los déficits de esos usuarios aunque usen mucho menos energía de la red.
Este vacío del proyecto ocasionaría una inequidad en la distribución de costos, pues el respaldo y la seguridad en el suministro recaería sobre los usuarios conectados a la red centralizada, pero serían disfrutados sin costo por los generadores particulares.
Veamos el ejemplo de un consumidor que instala paneles solares: este pasa de consumir 100 kilovatios hora (kWh) a 10 al mes y se mantiene conectado a la red de distribución o a la de transmisión de electricidad, según el caso.
Solo pagaría esos 10 kWh a la empresa distribuidora y, en consecuencia, esta vería reducidos sus ingresos por los restantes 90.
Como los costos de la empresa no cambian, tendría que dividir lo que vale la generación, transmisión y distribución entre todos los usuarios conectados a la red.
Otro punto en el proyecto de ley es la medición neta sencilla y el autoconsumo virtual. En un informe hecho por la Universidad de Comillas de Madrid para la Aresep, se desaconseja la incorporación de estas opciones por los efectos negativos para las empresas eléctricas, porque la energía generada en exceso por un autoproductor se almacena en la red.
El proyecto parte de que el almacenamiento para consumir posteriormente no tiene costo. Sin embargo, se trata de uno de los rubros más caros de la industria eléctrica.
El almacenamiento de energía solo puede hacerse en los grandes embalses del ICE. Aunque Costa Rica cuenta con un sistema eléctrico predominantemente de generación renovable, muchos de estos recursos de generación no pueden guardar energía.
En otras palabras, el SEN tiene un 33 % de su capacidad instalada de plantas de filo de agua, que no tienen embalse, un 13 % de plantas eólicas, un 9 % de geotérmica y un 13 % térmica, para un total del 68 % de los recursos sin capacidad de almacenar energía y son con los cuales se cuenta para la operación del sistema.
Por lo tanto, es muy escaso, y es uno de los aspectos señalados a los diputados que son parte de los costos reales que deben cobrarse para evitar un incentivo al crecimiento de la generación distribuida que deberán pagar todos los consumidores.
Algunos de estos señalamientos fueron hechos en una única sesión a la que fuimos invitados con los asistentes de los legisladores. Además, varios de estos elementos surgieron en recientes actividades y han confirmado las preocupaciones señaladas.
Es fundamental que el texto incorpore todos los aspectos para no promulgar una ley que afectaría negativamente a empresas que contribuyen al desarrollo y al bienestar del país, y que son parte del patrimonio de los costarricenses.
salvadorlopez@ice.co.cr
El autor es director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cence).