¡Qué segundo año de gobierno nos aguarda a los costarricenses! Se pronostica un proceso de diálogo, de discusión y de toma de medidas sobre cuestiones esenciales como pocas veces ha sucedido en la historia nacional.
No me cabe la menor duda de que será un episodio memorable por muchas generaciones. Asuntos como la aprobada reforma fiscal y lo pendiente, como el régimen de empleo público, los eurobonos, la fusión de instituciones de interés social, el futuro de Recope… Pero, como si estos aspectos “técnicos” (que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos) fueran poco, se nos viene encima un caudal de elementos de la mayor sensibilidad ética, religiosa, filosófica y cultural.
Algunos de estos han avanzado. El matrimonio universal (mal llamado “igualitario”), la creación de modernas instalaciones para la fecundación in vitro o la reciente aprobación de la píldora del día después, son casos señeros.
Otros se encuentran en pleno desarrollo: la legalización de la marihuana con fines medicinales y el espinoso y urgente asunto del aborto terapéutico. Sin embargo, las cuestiones de mayor perfil histórico planteadas son, sin duda, la eutanasia y el Estado laico.
Derecho. La muerte con dignidad está reconocida como un derecho humano porque quien se encuentra en la encrucijada de una enfermedad terminal, quien sufre episodios extremos de dolor, deterioro y dependencia, tiene derecho a optar por una muerte digna, a no terminar su vida plagada de estertores de agonía, de sufrimiento y de un cierre de la historia personal en forma inhumana.
Tampoco se trata solo del derecho a escoger, sino del derecho a contar con una muerte asistida. Esto implica que tanto la muerte digna como la eutanasia son una responsabilidad social y una obligación institucional. El Estado debe brindar las condiciones legales, técnicas y profesionales que respeten este derecho.
Respeto. Por el contrario, la cuestión del Estado laico es una iniciativa de liberación. No es la cuestión del reconocimiento de un derecho humano, sino la victoria sobre la conculcación de los derechos humanos. Se trata de un movimiento tanto de liberación como de engrandecimiento del espíritu humano.
Nadie puede obligar a otro a pertenecer a fe alguna, ni siquiera a ninguna fe, ni mucho menos a culto alguno. La religión y las convicciones filosóficas son un asunto privado. Tanto una misa de investidura para el presidente de la República, como los megáfonos de ciertos grupos religiosos de barrio atropellan la libertad individual y la privacidad de convicciones de las personas.
El Estado laico es un paso superior en el desarrollo de la nacionalidad costarricense. Es la clara separación entre el Estado y la Iglesia (cualquiera que sea) y el regreso a nuestras raíces históricas, plantadas en el siglo XIX por nuestros ilustres ancestros liberales.
Se trata de alcanzar el nivel supremo de humanidad: la libertad de la conciencia y del espíritu humano. Por ello, la cuestión del Estado laico es la premisa necesaria sine qua non para todos los cambios que necesita la mentalidad costarricense del siglo XXI.
El autor es filósofo.