Nuestro país tuvo una historia de éxito, pero está al borde de un precipicio: los indicadores de salud, educación, progreso social y desarrollo humano penden de un hilo.
Cobijados por un Estado de derecho, equilibramos grupos de interés que posibilitaron el desarrollo. Las garantías sociales, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la abolición del ejército fueron aciertos que sin duda contribuyeron.
Nuestra demografía, la economía, el entorno global y las oportunidades de hoy son muy distintas. Amén de las duplicidades, las anualidades del sector público no fueron pensadas para una economía de baja inflación. El equilibrio se rompió cuando se estancó el tipo de cambio y nos obligó a un acomodo de fuerzas que no alcanzamos.
Si caemos en el abismo, nos sepultará un alud de insolvencia del cual costará muchas generaciones salir. Nuestro Congreso, legítimo representante de la sociedad, aprobó una reforma fiscal en la cual buena parte de la cuenta la pagamos quienes no fuimos a la fiesta. Los empleados públicos se sirvieron con cuchara grande: el tipo de cambio en el 2009 era el mismo de hoy. En este tiempo, un empleado de la CCSS, solo por su anualidad del 5,5 %, ha aumentado su salario (en dólares) en un 71 %.
Lo anterior no es sostenible en una economía con una inflación entre el 2% y 3% anual. Irónicamente, el mayor beneficiario de la reforma fiscal es el sector público.
Con la reforma, los salarios mantendrán su poder de compra, pues el tipo de cambio será cercano al actual. Con la crisis, la CCSS, por ejemplo, tendrá su deseada anualidad y sus otros beneficios, pero a un tipo de cambio de ¢700 u ¢800 por dólar, si no más.
Habrá más desempleo, menos producción, el financiamiento del Estado será más caro y los créditos en dólares con los que financiamos vehículos y casas serán carísimos. No habrá plata para ayuda social y volveremos a ver generaciones perdidas.
Realidad imposible. La anarquía a la que nos han sometido los sindicatos en los últimos meses, en defensa de una realidad imposible y en oposición a lo que más le conviene al sector público, es absurda. Se están autoflagelando. Han actuado con bajeza y cobardía: hay una estela de sufrimiento, destrucción y amenazas que no debemos olvidar.
Que empleados de la CCSS hayan tramado cerrar el acceso a emergencias es una infamia propia de quien, bien pagado, mata por más dinero. Han mancillado el Estado de derecho. Han pasado por encima de todos los que de buena fe apoyamos la reforma y estamos dispuestos a pagar, con tal de salir del atolladero, más dinero que no nos sobra.
Negociar con secuestradores de nuestra paz social y ceder a sus peticiones tiene graves consecuencias: es un precedente para que otras instituciones reclamen el mismo absurdo, una pérdida total de credibilidad en el actual gobierno, y significa gastar el último cartucho fiscal para sacar el país adelante.
El gobierno debe entender que es esta reforma fiscal la que se cumple o será la crisis la que haga la corrección, pues la cobija no da más.
El pacto en la CCSS les lavó la voluntad a todo el pueblo y a la mayor parte del Congreso, que como oposición responsable y patriótica apoyamos. El tejido social de nuestro país está roto, el Estado de derecho está en entredicho. Los rompió la codicia. El presidente, lejos de unir los extremos del saco, los está quemando. Allí no cabe nada.
aulloac@yahoo.com
El autor es ingeniero químico.