No soy economista ni experta en finanzas y me encantaría que algún profesional en la materia me aclarara una serie de dudas acerca del funcionamiento de la banca pública.
Hasta donde sé debe estar al servicio de los costarricenses, especialmente de quienes no cuentan con capital para desarrollar sus pequeñas o medianas empresas.
Cuando fui regidora y luego miembro de la Junta Directiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), escuché historias de costarricenses con capacidad de trabajo y organización cuyas ilusiones se vieron truncadas debido al rechazo de su solicitud de crédito.
Me es difícil comprender cómo algo semejante sucede si el año pasado los bancos Nacional y de Costa Rica obtuvieron, en conjunto, utilidades por ¢60.775 millones. Esas ganancias deberían estar generando trabajo e intereses para los mismos bancos.
Recuerdo con nostalgia las juntas rurales del Banco Nacional, que ayudaron en el pasado a los agricultores y a quienes querían hacerse de una finca. También recuerdo los sueldos apenas para vivir de los empleados de esa época, pero agradecidos y orgullosos de trabajar en esas instituciones.
Jamás estaré de acuerdo con el remate de un negocio porque, como he constatado por la misma prensa, casas, vehículos, terrenos y negocios embargados pasan años sin hallar dueños.
Daños incomprensibles. Cito un ejemplo vivido de cerca. Había un lugar maravilloso allá por Tilarán adonde iba con mi familia, a orillas del lago Arenal. Hace poco, pasé por ahí y lo encontré enmontado, casi en ruinas. Se me vinieron las lágrimas.
Busqué al antiguo dueño y le pregunté qué había pasado. El banco ejecutó la garantía. Había perdido la propiedad.
Al preguntarle si había hecho gestiones para evitar quedarse sin el bien, me contó todas sus carreras y propuestas, pero no, no le ayudaron. Me gustaría saber qué provecho sacó el banco si en el remate nadie compró lo que fue un lugar de ensueño para los turistas.
Lo mejor sería dejar la propiedad en manos del verdadero dueño y así este le daría mantenimiento y poco a poco pagaría la deuda.
Es harto conocido que en estos procesos hay ganadores, entre los cuales figuran abogados y peritos, no sé si de los mismos departamentos legales de los bancos.
Casualmente en La Nación del día 25 de junio se publicó un artículo interesante titulado “Banca pública eleva inversiones en Hacienda por freno al crédito”. Y esto no es de ahora por la pandemia, porque viene escuchándose desde el año pasado, aunque es lógico que con ella se haya agravado.
Quizás llegue al fin el momento de despertar la conciencia social de los bancos y quienes los administran recuerden su misión de contribuir al bienestar de todos, no solo al de sus empleados.
Al fin, como lo dice la Biblia, “sin justicia no puede haber paz”, y yo agrego, ni puede mantenerse la democracia.
La autora es filóloga.