Andrés Formoso O.. 27 junio

El miércoles 19 de junio Telenoticias informó de que la puesta en funcionamiento del pago electrónico en el transporte público demoraría, cuando menos, cinco años más debido a lo elaborado del proceso. La noticia pone de nuevo en primer plano la gran dificultad para llevar a buen puerto tan necesario cambio en el modelo de movilización masiva.

Desde hace tres años se trabaja en el sistema, y la complejidad es tal que se ejecutará por etapas. Primero, será en el ferrocarril, en el 2020, porque es del Estado y, por tanto, resulta más fácil de controlar por su tamaño. Y, agrego yo, sus datos son públicos y fácilmente comprobables.

El pago electrónico agilizará los desplazamientos de la mayor parte de la población, acelerará la descarbonización, elevará los ingresos del Estado y nos permitirá entrar a un modelo de transporte urbano menos entrópico.

Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica, con amplia experiencia en la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), dirige la logística y fue él quien aseguró a Telenoticias que no será hasta dentro de cinco años cuando todas las empresas de buses y el ferrocarril quedarán integrados. La justificación es que son más de 400 compañías y va a llevar mucho tiempo incorporarlas.

Sin resultado. A lo largo de los años, autoridades de varias administraciones conminaron a los autobuseros a avanzar en la sectorización mediante la conformación de consorcios, pero no se ha hecho como debería.

El domingo 23 de junio, en Extranoticias, el viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, manifestó que en el 2021 los empresarios deberían estar ya constituidos —en el área metropolitana— en grandes bloques para obtener la renovación de las concesiones. También dijo que en esa fecha regirá el pago electrónico en los buses.

El control del mercado autobusero está cada vez en menos manos, como lo demostró, con gran detalle, el Semanario Universidad a principios de este año. Pero se mantienen sociedades separadas en las cuales parientes o testaferros ocupan puestos claves para no evidenciar la concentración, y eso ahora complica el pago electrónico.

El tiempo es el factor clave. En el 2021, todas las rutas del país deberán renovar las concesiones y permisos de funcionamiento. Si el pago electrónico no está listo, habrá que esperar otros siete años para que funcione. A poco más de dos años, se hace evidente la necesidad de una mejor coordinación y redoblar esfuerzos para tener todo listo en ese momento.

Regalo en peligro. Una de las promesas de campaña de esta administración fue el pago electrónico con intermodalidad (buses y tren), pero en este momento parece incierto que para las celebraciones del bicentenario de la independencia los costarricenses tengamos tan preciado regalo.

¿Cómo hicieron ciudades como México D. F., São Paulo o Santiago de Chile, y ni hablemos de Nueva York, París, Berlín, Londres o Ámsterdam, con poblaciones mucho más grandes que todo nuestro país, para abandonar el pago del pasaje en efectivo hace décadas? Que en la segunda década del siglo XXI a Costa Rica le tome ocho años resolverlo es inquietante.

El pago electrónico agilizará los desplazamientos de la mayor parte de la población, acelerará la descarbonización, elevará los ingresos del Estado (cifras y datos fidedignos permitirán el cobro correcto de impuestos a quienes los han evadido históricamente) y nos permitirá entrar —aunque con varias décadas de atraso— a un modelo de transporte urbano menos entrópico.

La experiencia de las últimas tres renovaciones de concesiones demostró que los prestatarios del servicio no tienen interés en este proceso. Dejar en manos de un tercero —el encargado del servicio de pago electrónico— la generación, acumulación y análisis de datos no les resulta atractivo.

La cantidad de usuarios, movimiento de unidades, cumplimiento de horarios y otra serie de datos que hasta ahora no ha sido posible conocer con certeza para determinar el valor real de los pasajes pasarían a ser de acceso público.

Es importante tener presente que el transporte remunerado de personas está sujeto al control de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que deberá usar los nuevos y más veraces números para definir los costos.

Datos secretos. El modelo de costos ha sufrido múltiples cambios con el tiempo, pero una constante es que las cifras usadas para calcularlos las aportan los concesionarios, e, históricamente, las autoridades no han sido capaces de, o no han querido, constatar su veracidad.

Los autobuseros apuestan por que en el 2021 primará el statu quo y que noticias como la que nos ocupa les permitirá atrasar lo inevitable. Se niegan a aceptar que su modelo de negocio actual está muriendo porque las condiciones sociales y tecnológicas no los hacen viables en este entorno.

La caída en la demanda del servicio de buses en los últimos tres años evidenció que los usuarios están hartos de incumplimientos, mala calidad y de la pérdida de tiempo que trae asociada el modelo vigente.

Cuando casi todo se puede pagar por Internet o utilizando el teléfono celular, insistir en un sistema de cobro anacrónico, que obliga a los pasajeros a perder tiempo y aumenta la duración del viaje, solo va a empeorar la situación. Si el pago electrónico se demora cinco años más para su funcionamiento pleno, la crisis en el transporte público será de proporciones mayúsculas.

Al igual que los taxistas, los autobuseros no entienden que no es posible obligar a las personas a utilizar sus servicios. Los ciudadanos no son sus clientes cautivos. El tren, el sector informal, las motos y las plataformas tecnológicas los excluirán cada día más, hasta llevarlos a la ruina si no aceptan e incorporan el cambio.

El autor es periodista.