EscucharEn repetidas ocasiones, agentes judiciales utilizan sus teléfonos particulares para tomar fotografías con el fin de documentar evidencias, por ejemplo, durante allanamientos.
La práctica, tolerada por quienes son garantes de la legalidad de los actos procesales, deviene en irregularidad.
Agentes de la Policía Judicial sin ningún criterio objetivo —más allá de la mera corazonada— consideran que determinada información perteneciente a terceros podría ser clave en la investigación, aunque se trate de datos confidenciales de ciudadanos sin relación con el caso.
El software en esos dispositivos no es forense, lo cual deja sin garantía la adecuada eliminación de los documentos y abre resquicios para la fuga de datos sensibles que podrían circular de un dispositivo a otros y exponer la información, por accidente, falla técnica o acto consciente, al escrutinio público.
El daño por una conducta irregular resulta, en la mayoría de los casos, irreparable, solo existe el resarcimiento mediante la compensación ordenada por los jueces.
Debe partirse de la premisa de que, cuando se trate de una investigación formal, deberá utilizarse un aparato formal.
El trabajo de los tribunales no puede manejarse como una pulpería, la potestad del Poder Judicial y sus facultades es un compromiso inexorable con el cumplimiento de las responsabilidades ante la sociedad y la protección de los derechos de los individuos.
En las diligencias y actos procesales, el uso de dispositivos no forenses genera actividades procesales defectuosas que, a la postre, no solo vulneran garantías constitucionales, sino también dan pie a nulidades que tornan inocua la acción estatal de cara a la correcta administración de justicia.
El respaldo de información de la ciudadanía en general (sean personas investigadas o no) mediante la recopilación de datos sensibles en dispositivos no oficiales y su eventual exposición es un abuso policial.
Es obligación de quienes participan en este tipo de diligencias abstenerse de tomar fotografías y grabar videos o audios con dispositivos de su propiedad a las personas detenidas. Igualmente lo es para las autoridades superiores poner coto a estas conductas.
El autor es abogado.
