Son lamentables, infundadas e inaceptables las insinuaciones del expresidente de la República José María Figueres Olsen, quien en las redes sociales manifestó que las cámaras empresariales nunca van a estar de acuerdo con el uso “de programas tecnológicos de punta para controlar la producción que debe pagar impuestos porque eso les da instrumentos a las autoridades de Tributación para fiscalizar mejor”.
La Cámara de Industrias de Costa Rica representa y defiende la actividad económica formal que cumple todas sus obligaciones. Condenamos firme y vehementemente toda práctica de comercio ilícito, como el contrabando y la falsificación, así como la evasión fiscal.
Nos hemos opuesto de manera directa, transparente y categórica al proyecto 20961, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, por los siguientes motivos:
1. Regulación para la industria formal. Las regulaciones deben enfocarse en el sector informal, no en la industria establecida porque ya es muy vulnerable al comercio desleal.
Como indicaron los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Salud y Hacienda, el Estado ha establecido ya varios mecanismos de control como el registro sanitario ante el Ministerio de Salud, el reglamento técnico centroamericano sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas, y el control y la vigilancia del mercado cuya competencia es del Ministerio de Salud y el MEIC.
Además, los delitos de contrabando y adulteración están tipificados en la Ley General de Aduanas y la Ley General de Salud, respectivamente.
2. La experiencia internacional. La colocación de estos mecanismos a todos los envases con contenido alcohólico generaría un costo elevado para la industria; se convertiría en un impuesto adicional para el sector formal que genera empleo, o bien, para el Gobierno, que deberá asumir el valor de la puesta en operación del sistema en momentos de serias restricciones fiscales.
La experiencia internacional confirma que el precio por ejecutar el mecanismo es mayor en comparación con la recaudación tributaria. Por ejemplo, según el estudio de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit) Comercio ilícito en licores, desafíos y soluciones, el sistema ecuatoriano para la marcación de cerveza, bebidas espirituosas y tabaco le ha salido carísimo al Gobierno: en los primeros dos años, invirtieron $23 millones, pero solo obtuvieron un aumento en los ingresos por alcohol de $7,6 millones y una disminución en los ingresos por tabaco de casi $14,5 millones.
3. Legitimación del contrabando y salud de los consumidores. Los mecanismos de trazabilidad fiscal no son la forma idónea de demostrar cuándo un producto es genuino. Aunque pueden contener marcas de seguridad para proteger a los consumidores, los mecanismos en sí son a menudo fáciles de falsificar.
Las bandas del crimen organizado dedicadas a este negocio tan lucrativo reaccionan rápidamente y falsifican los códigos o las estampillas fiscales pocas semanas después de ser emitidos.
La presencia de mecanismos falsificados provoca ficticias sensaciones de autenticidad y de confianza en los consumidores, socavando el propósito del proyecto de disuadir la adquisición de productos ilícitos, pues al confundirlos con los auténticos se pone en peligro la salud del consumidor.
Otro caso: la introducción de códigos de barras en la India no impidió la muerte de 59 personas por intoxicación con alcohol ilegal. Además, las botellas legítimamente estampadas con frecuencia son rellenadas con alcohol adulterado y, de nuevo, queda en evidencia que el mecanismo de seguridad es endeble.
Estos argumentos los hemos planteado de manera consistente incluso en nuestra comparecencia ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el 17 de setiembre; no obstante, algunos diputados, especialmente Daniel Ulate, no han tenido la mejor disposición para escuchar razones.
Desde la Cámara de Industrias de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso para trabajar en conjunto con las autoridades del Poder Ejecutivo y con los diputados para tratar de forma integral la problemática del comercio ilícito, que atenta contra la industria formal y erosiona las finanzas del Estado.
El autor es presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.