Emanuel Oviedo Espinoza.   31 mayo

Hace poco más de 30 años, Centroamérica firmaba los Acuerdos de Esquipulas y sentaba las bases para pacificar la región, luego de dos décadas de represión y violación de derechos humanos. Pareciera que el Istmo vuelve por esos cauces.

En abril del año pasado, empezó la represión estatal en Nicaragua, donde más de 500 personas han muerto a manos del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

No solo Nicaragua vive el embate de regímenes autoritarios; a los gobiernos de Honduras y Guatemala también se les debe prestar atención. Corrupción, violencia, elecciones fraudulentas, represión a las minorías, aversión a las revisiones de organismos internacionales, son solo algunos de los elementos que ocurren en esas naciones y a los cuales se les suma problemas socioeconómicos particulares, con índices de desigualdad alarmantes.

No es un asunto de intereses geopolíticos de la estabilidad regional, también están de por medio la dignidad y los derechos de los ciudadanos centroamericanos, por lo que es responsabilidad del conjunto de naciones.

Regímenes híbridos. La Organización de Estados Americanos (OEA) sugirió en el 2017 que las elecciones hondureñas se repitieran, debido a que irregularidades en el proceso impedían tener certeza de su legitimidad. Nunca se llevaron a cabo unos segundos comicios y no hubo mayor eco de la comunidad internacional respecto al asunto, por lo que hoy Juan Orlando Hernández es presidente, pese a unas elecciones sin respaldo internacional y de dudosa pureza en un país donde existe un gran descontento social, altas tasas de violencia y represión.

A principios de año, el presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esta comisión fue creada para apoyar al Ministerio Público a tratar casos complejos de redes de corrupción.

La Cicig colaboró en una investigación cuyo resultado fue el encarcelamiento de altos perfiles como el expresidente Otto Pérez Molina. La Comisión comenzaba a analizar el presunto financiamiento ilícito de las pasadas elecciones presidenciales y Morales la emprendió contra ella tildándola de intromisoria y una amenaza para la soberanía guatemalteca.

Nicaragua es el país donde la estabilidad sociopolítica cayó al extremo. No existe claridad en cómo ni cuándo se restablecerá la democracia. Las respuestas del régimen pueden significar más muerte y los canales de diálogo han sido ineficientes.

Según un reporte hecho por The Economist, el nicaragüense es un régimen autoritario. Junto con el venezolano y el cubano, obtiene la peor calificación democrática en Latinoamérica. El mismo reporte señala que el resto de Centroamérica no se encuentra mucho mejor; Honduras, Guatemala y El Salvador son evaluados como regímenes híbridos, lo cual los ubica al borde del autoritarismo.

Combate conjunto. Centroamérica está lejos de ser una región democrática y el papel de la comunidad internacional es primordial para mejorar la situación. En Honduras, las protestas de diversa índole persisten; en Guatemala, aunque la Cicig no se haya ido, su existencia continúa siendo amenazada; en Nicaragua, la violencia no cesa.

Existen diversos mecanismos mediante los cuales los demás países pueden ejercer presión. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Mecanismo de Tuxtla, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) e incluso la OEA. Pero para que eso ocurra es necesario que la estabilidad democrática centroamericana sea puesta en una agenda política nacional y, así, quienes tienen influencia se vean compelidos a posicionarse.

No es un asunto de intereses geopolíticos de la estabilidad regional, también están de por medio la dignidad y los derechos de los ciudadanos centroamericanos, por lo que es responsabilidad del conjunto de naciones.

El autor es internacionalista.