Roberto Protti Quesada. 11 marzo

Allá por los años cuarenta, cuando los líos por el agua se resolvían a machetazos, la Ley de Aguas, aprobada en 1942, puso cierto orden y ha funcionado más o menos bien desde entonces.

Tiempo después, se promulgó la Ley Forestal y, junto con la de aguas, se ocupó de las zonas de protección de las mal llamadas “nacientes”.

Con ese marco jurídico, fueron establecidos, en la primera, 40 metros de radio para pozos y, en la segunda, entre 100 metros de radio para zonas de protección de manantiales no captados y 200, para manantiales captados.

Los funcionarios de la hidrocracia exigen trámites de permisos de diversa índole: para construcción, desarrollo, perforación de pozos, etc., que demuestren y satisfagan su ignorancia.

Dichas áreas circulares son producto del imaginario de la época y no tienen, según la ciencia y el saber actuales, ninguna relación con la realidad hidrogeológica de estas fuentes.

En la década de los sesenta, hubo un renacimiento, una era de investigación científica seria, intensa, a través de los programas de las Naciones Unidas y la creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, donde se formaron los mejores hidrogeólogos del país, pero luego fue lamentablemente absorbida por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara); ahí, se convirtió en parte de la hidrocracia gubernamental que me motivó a escribir este artículo.

Trabajo exhaustivo. Se acumuló así, durante unos 40 años, conocimiento hidrogeológico como nunca antes: miles de pruebas de bombeo, cientos de perforaciones para investigación, cientos de kilómetros de investigación geofísica, kilómetros de caminatas con el objetivo de efectuar un mapeo geológico, años de monitoreo de acuíferos, producción de mapas hidrogeológicos del país, apoyo al desarrollo de las fuentes de agua que abastecen la mayor parte del país, construcción de pozos en el acuífero de Colima, excavación de túneles para captación de aguas en Puente de Mulas, perforación de cientos de pozos para acueductos rurales en todo el territorio, construcción del acueducto de Orosi. En fin, saber científico aplicado.

En convenio con el Servicio Geológico Británico (BGS), se diseñó el mapa hidrogeológico del Valle Central, y el Senara generó otros muy detallados de los acuíferos, como el de Barranca-El Roble, en Puntarenas, de los acuíferos aluviales asociados al valle del río Tempisque y de los acuíferos costeros de la península de Nicoya. Fue la época dorada de la investigación hidrogeológica costarricense.

Pero, en lo que va de este siglo, la información y el conocimiento generados durante esas cuatro décadas por profesionales de primera línea fueron olvidados, o cuando menos, hechos a un lado, por la hidrocracia gubernamental.

Esto lo desconocen, aparentemente, los gobernantes, ministros y presidentes ejecutivos, mas no los mandos medios, para quienes absolutamente todo debe ser investigado de nuevo. Para ellos, no se sabe nada o ellos no lo saben.

Una gran parte de la información escrita —pues no había tecnología digital cuando se produjo tal conjunto de conocimientos— fue desechada durante sucesivas mudanzas de las instituciones.

Estudios completos sobre el potencial del acuífero Tempisque desaparecieron y la hidrocracia inventó nuevas evaluaciones para salir al paso del problema entre Sardinal y El Coco.

Los funcionarios de la hidrocracia exigen trámites de permisos de diversa índole: para construcción, desarrollo, perforación de pozos, etc., que demuestren y satisfagan su ignorancia y, en muchos casos, ay de quien contradiga su imaginario o lo que les enseñaron sobre “protección de acuíferos”, en desdeño de la práctica científica del saber, es decir, exigen a terceros hacerles el trabajo.

Límite al desarrollo. Los hidrócratas no diferencian zonas de protección sanitaria de zonas de protección hidrogeológica. Han creado una plataforma llamada Sistema Integrado de Información de Recurso Hídrico, en donde muestran el mapa o imagen del país plagado de puntos rojos y azules, y cuadrados amarillos, los cuales representan pozos, concesiones de agua y manantiales, con las zonas de protección circulares (reducción al absurdo del saber hidrogeológico).

Si alguien desea comprar un terreno para construir una casa, un residencial, un complejo industrial u otros, debe primero revisar la plataforma y si encuentra algún punto azul o rojo o, peor aún, un cuadrado amarillo a menos de 500 metros de distancia, aléjese de inmediato de esa propiedad.

Si ya la compró, prepárese para la pesadilla de su vida, para años de lidiar inútilmente con una hidrocracia ciega y leyes obsoletas en las cuales los funcionarios se basan sin ningún criterio científico, solo porque así está escrito.

Si su propiedad está cerca de agua, río, quebrada, “nacientes” o lloraderos, lo siento. Estamos en presencia de lo mejor de la tecnología del milenio utilizada con datos anticientíficos y obsoletos. Imagino a Colón navegando con su mapa de Ptolomeo en una tablet.

Tras más de 40 años de investigación hidrogeológica científica, las instituciones dicen no saber dónde están los recursos acuíferos del país. Recurrieron a un grupo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, quienes pasearon durante unos meses por el país (con buenas intenciones, pero ignorantes de nuestra geología) con una tablet conectada a un satélite para inventar el agua tibia: dónde pueden estar los recursos de agua en Costa Rica hasta más de 150 metros de profundidad.

El mapa califica dentro del mismo rango de potencial al Valle Central, al valle del Tempisque y a la zona costera de Limón, lo cual es a todas luces absurdo para cualquier hidrogeólogo costarricense que se precie de serlo.

Si las instituciones a cargo del agua no saben dónde están los acuíferos y cuál es su potencial, luego de más de 40 años de investigación científica seria, estamos perdidos. Las leyes deben reformarse.

El autor es hidrogeólogo.