Daniel Matul. 9 febrero

Los diagnósticos, en general, sobre la situación de los sistemas penitenciarios en América Latina coinciden en tres graves problemas compartidos: la sobrepoblación, la cantidad de personas que aún no reciben una condena y la ausencia de un compromiso real con los derechos humanos.

A esta situación, señalaba el sociólogo francés Michel Foucault, es necesario añadir tres elementos que han acompañado a las cárceles históricamente: la polémica, la molestia y la falta de amor.

Desde inicios del siglo XXI, se han llevado a cabo esfuerzos por disminuir la presión sobre las cárceles. Hechos notorios han colocado el problema como una prioridad en países del continente. En Argentina, por ejemplo, el caso Verbitsky se resolvió en el 2005, luego de una lucha titánica contra el sistema, y, en Estados Unidos, el caso Brown versus Plata, sobre el pésimo estado en que conviven las personas en la cárcel.

Sentencias de tribunales en Colombia, luego replicadas en Perú y Brasil, sobre la gravedad del hacinamiento en las prisiones, sentaron las bases de una jurisprudencia regional para obligar a los países a tomar medidas para tratar las condiciones terribles sufridas por los privados de libertad.

En Costa Rica, diversos estudios señalan, entre otras cosas, niveles hasta del 47 %, muy por encima de los estándares calificados de “sobrepoblación crítica o hacinamiento”.

Un orden distinto. Es cierto, el ser humano solo existe en la sociedad y por la sociedad, pero cada sociedad tiene una forma particular de ordenarse. En las cárceles, se desarrolla su sentido de una manera muy particular. Se sostienen apegados a la estructura y las significaciones que les imprime el encierro.

Dentro de la prisión, los espacios alcanzados (una cama, por ejemplo) se valoran como una propiedad que brinda un estatus; se aprende a vivir con la violencia y se domestica; se aprenden los rituales para la supervivencia y se conocen los procedimientos para respetar las instituciones de poder dentro de los ámbitos y de las celdas. La cárcel ofrece un conjunto de relaciones, un compendio histórico y una base identitaria.

El hacinamiento ha puesto en crisis el sistema de alimentación de los centros penitenciarios, así como los servicios de salud y, en especial, aquellas áreas reservadas para la educación y la transformación de las personas.

La sobrepoblación exacerba los problemas entre los residentes: riñas, pleitos y rivalidades por el poder. A esta situación debe agregarse que, de igual forma, se multiplican situaciones que posibilitan la presencia de armas, drogas y el comercio ilegítimo.

El hacinamiento no solo altera la atención básica de derechos, sino que también trastoca profundamente las relaciones de poder y las actividades que dan vida e identidad a las sociedades encerradas.

Acciones y resultados. Como respuesta a esta situación, algunos Estados han tomado una serie de medidas para disminuir paulatinamente las tasas de sobrepoblación; otros han decidido entregar a los aparatos de seguridad penitenciarios el control de los centros de atención.

En unos casos, la mayor parte de las acciones están relacionadas con el reforzamiento de los controles de visitas, llamadas y contrabando; en otros, la administración penitenciaria ha cedido todo el espacio institucional a la seguridad, y los programas de atención se reducen a expresiones mínimas.

El hacinamiento redimensiona todas las relaciones de poder en un centro penitenciario. No solo aquellas que orientan, dan coherencia y construyen identidades durante el encierro y que operan entre los privados de libertad, sino también aquellas que se tejen social o jurídicamente entre las autoridades y las fuerzas de seguridad, y entre las fuerzas de seguridad y los privados de libertad.

En varios países de América Latina —los países del Triángulo Norte, son un buen ejemplo—, pareciera que el Estado perdió control sobre los centros penales.

Es urgente que el país refuerce las acciones ejecutadas, o en ejecución, desde hace varios años y que duplique esfuerzos políticos por no ceder a las presiones populistas de quienes critican este tipo de medidas para tratar la sobrepoblación.

Quizá, hoy, el lamentable vacío en el Ministerio de Justicia sea una oportunidad para replantear los objetivos y metas en esta materia.

El autor es profesor de la Universidad Nacional.