Marco Arroyo F.. 17 junio

Tremendo reto tiene el Estado en la actual situación y, todavía más, por las demandas ciudadanas insatisfechas y las nuevas obligaciones que periódicamente se anexan al quehacer institucional.

A la discusión de las finanzas públicas y al empleo público debe incorporarse la eficiencia en la gestión pública, particularmente, en cuanto a repensar el modelo de administración en las instituciones para que hagan más con los recursos a su disposición.

Diversos informes de la Contraloría General de la República señalan la duplicación de funciones y el desperdicio dentro del sector público, lo que subraya la importancia de avanzar hacia un estilo renovado en el trabajo de los entes estatales, sin descartar a priori la existencia de áreas estatales necesitadas de más recursos humanos, aunque son la excepción. La evolución hacia esa nueva forma de administración depende de reparar en algunos aspectos ineludibles.

En primer lugar, la capacidad gerencial y de planeación de las autoridades, responsables de reunir habilidades para transformar internamente la organización a su cargo, teniendo claridad de los objetivos e innovando en los mecanismos para su consecución. En segundo lugar, ejercicio constante que identifique y suprima actividades innecesarias, concentrando los esfuerzos en aquellas que aportan valor público. Lo usual es seguir haciendo lo mismo porque así se ha venido realizando o porque se considera la mejor forma de cumplir un mandato, sin reparar en la crítica del usuario.

En tercer lugar, urge una vigorosa transformación tecnológica que facilite a la población tramitar todos o la mayoría de sus asuntos de manera electrónica mediante el uso masivo de la firma digital. Esto, naturalmente, debe estar acompañado de la mejora en trámites. La desregulación es un componente esencial, así como la disminución de reglas y normas.

En cuarto lugar, hay que dedicar tiempo a pensar. Si se observa el cuadro diario de la gran mayoría de las instituciones, se constata que lo normal es su nivel de sofoque por la atención a lo ordinario o por la cantidad de asuntos bajo su responsabilidad, mientras resta muy poco tiempo para la pausa y la reflexión de lo que se hace. Deben innovar y hacer autocrítica incorporando el criterio de quien recibe el servicio público.

Equilibrio. Una evaluación de cuántos recursos económicos y humanos se dedican a tareas administrativas y de control en contraste con los medios disponibles para cumplir directamente las labores sustantivas es también esencial. Sin duda, las primeras son obligatorias, pero su atención no puede ser a costa de una cantidad de funcionarios que, proporcionalmente, parece indicar una dedicación mayor a la autoadministración.

Agregue la identificación de aquellos funcionarios con menor carga de trabajo o deseosos de un cambio, quienes pueden colaborar en otras asignaciones o en instituciones más necesitadas.

Acciones en materia de transparencia, acceso a información pública, gobierno abierto y participación ciudadana, forman parte del repertorio de condiciones en ese camino transformador, sin las cuales la ineficiencia del Estado es mucho más cara para todos.

En el debate sobre el desempeño estatal, es clave arribar a algunos acuerdos básicos sobre cuáles serán los parámetros para calificar de eficiente la gestión del aparato público en su conjunto e individualmente, y que así sea percibido por la población. Por ejemplo, ¿cuál es el parámetro de eficiencia del PANI, del Consejo Nacional de la Producción o del Museo de Arte Costarricense?

El esfuerzo del país por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más allá de los cambios normativos, debe servir para emular buenas prácticas que conduzcan a un ejercicio más simple de lo público.

Un examen rápido de las formas de gestión en las entidades estatales revela su complejidad interna, entretanto, el asedio por resultados presiona. Alcanzar una mayor flexibilidad se sustenta en la promoción de un nuevo estilo de gestión, lo cual toma tiempo y dinero, pero es crítico si se aspira a un mejor Estado.

El autor es politólogo.