Loahn Lindo Dell. 14 octubre

En Costa Rica habitamos todo tipo de personas. Somos distintos, tenemos intereses variados y muchas veces no coincidimos en nuestras posiciones.

No obstante, habíamos convivido bajo el entendido de que, aunque nuestras posturas fueran antagónicas, respetábamos los derechos de los otros.

Nuestra idiosincrasia nos exigía no cosificar ni a las otras personas ni a sus derechos, porque no son simples peones sin valor en el ajedrez de nuestros propios objetivos, aunque creíamos que otros o todos deberían compartir nuestros ideales.

Esa realidad cambió. Se presentó en las puertas de nuestra nación y, cual delincuente violento y armado, la tumbó de una certera patada, aplastó nuestra paz, las reglas de nuestra convivencia más o menos equilibrada y destruyó derechos y garantías constitucionales.

Apoyo inicial. Los exdiputados José Miguel Corrales y Célimo Guido, sin ejercer cargos de elección popular, motivaron a la ciudadanía para protestar.

Al hacerlo, estuve de acuerdo con ellos, pues la timorata propuesta del gobierno para el Fondo Monetario Internacional no era más que una vergonzosa subestimación de nuestros problemas estructurales y un planteamiento poco serio sobre cómo solucionarlos.

No obstante, Corrales y Guido, al igual que otros costarricenses y gobiernos históricos, cayeron en la perversa sinonimia que iguala la protesta con el bloqueo de las vías públicas. En su actuación, los desorganizadores cometieron gravísimos errores.

Primero, se arrogaron el derecho de hablar en nombre de un pueblo que no los eligió, para obligar nada menos que al gobierno a cumplir su agenda.

No debe tolerarse, pues somos una república donde las luchas deben canalizarse por las vías institucionales. La actuación de Corrales y Guido rayó en una revolución; prueba de ello fue la pérdida de control de lo que fuera que pretendieron hacer.

Segundo, la obstaculización de las vías públicas, por donde transitamos la enorme cantidad de personas que no tenemos poder de decisión ni posibilidad de presionar al gobierno para retirar la propuesta para el FMI, no distó mucho de secuestradores que por motivos políticos no se enfrentan directamente al gobierno que adversan, y, por el contrario, privan de la libertad —en este caso de tránsito— a miles de ciudadanos, y los convierten en peones de sus caprichos como forma de presionar para conseguir sus pretensiones.

Poder mal entendido. José Miguel y Célimo, si sus propuestas eran tan buenas, ¿por qué necesitaron imponerlas a la fuerza? Si su intención era ayudar al país, ¿por qué tantas personas resultaron afectadas? ¿Acaso no tienen ustedes capacidad de persuasión?

Bien lo dijo el expresidente Barack Obama: “Right makes might, not the other way around” (“Tener la razón da poder, no a la inversa”).

Por sus experiencias de vida, era de esperar que ambos “líderes” imaginarán las gravísimas consecuencias de sus acciones.

Aun así, dispusieron sin mayor consideración de los derechos de quienes consideraron simples fichas y, por incapacidad de ambos, fue el único instrumento útil de coacción contra un gobierno democráticamente elegido.

Si bien Corrales se disculpó y fue aplaudido por algunos, debió hacer justicia y dimensionar ampliamente las consecuencias: policías agredidos y tres que pudieron sufrir quemaduras por una bomba molotov; pacientes con cáncer de Limón, Puntarenas y Guanacaste que no pudieron trasladarse a la Gran Área Metropolitana a recibir quimioterapia; citas médicas pendientes desde hace meses o años a las que no se pudo llegar por los bloqueos; pequeños agricultores, ganaderos y emprendedores que luchan por salir de la crisis perdieron sus productos debido a los bloqueos resultantes de su experimento.

Vimos con estupor a personas sin escrúpulos no dejar pasar a una mujer que iba al hospital en labor de parto y el daño al vehículo conducido por el esposo.

Lástima, José Miguel, que en su video de disculpa no hizo referencia más específica a las enormes, extensas y previstas afectaciones originadas por la involución de su ensayo.

Este dejó un gran sinsabor, máxime cuando se ponderan los servicios otrora prestados por usted a Costa Rica.

El autor es abogado.