Juan Luis Bermúdez Madriz. 5 agosto

En un reportaje de La Nación sobre los beneficios de cuidado y desarrollo infantil, se señalan situaciones en las que el IMAS, al estar limitado normativamente para atender a población en pobreza, ha revocado subsidios a mujeres que al conseguir un empleo superan el umbral de ingreso de la línea de pobreza y, entonces, se ven colocadas ante la injusta disyuntiva de dejar su empleo para volver a cuidar a sus hijos.

No pareciera difícil estimar lo caro y dramático que resulta para esa familia y para la sociedad abortar los procesos de movilidad social en su fase de despegue para “volver pasos atrás en la fila” de la dependencia y la exclusión. Esto nos mueve a buscar nuevas formas de analizar los ciclos de atención de cada programa, y superar que aquello que “normativamente” parece un control de filtración, deje de ser una exclusión que impide el fin de una historia de pobreza.

Ahora bien, flaco e ingrato favor nos hacemos como sociedad si los esfuerzos por generar programas y articulaciones de atención más comprensivos terminan siendo evaluados a partir de la línea de ingreso. Es un error exponer como filtraciones las atenciones que, en su mayoría, se refieren a población vulnerable y que no puede prescindir de esa ayuda sin caer nuevamente en la condición de pobreza. Tampoco son de recibo precipitadas conclusiones de que los recursos de inversión social están siendo mal dirigidos, como se informó en el artículo titulado “55 millones al año en ayuda social se van a personas sin necesidad económica”, publicado el 8 de julio, y luego se reiteró en el editorial del 13 de julio.

Análisis profesional. Lo anterior, porque a diferencia de lo que pasa con los apoyos para el cuidado infantil y demás programas del IMAS, la mayor parte de los recursos son asignados con una norma habilitante, o una justificación provista por un profesional social para atender una agravada situación de vulnerabilidad, que está fuera de los parámetros de un determinado programa. A ello se suma la dinámica de movilidad social que puede experimentar una familia al contar con un empleo temporal después de recibir un beneficio.

Los análisis generales de filtraciones suelen desconocer, de los programas sociales, su marco normativo, sus requisitos y la primacía de las valoraciones sociales realizadas por profesionales para el resguardo de los derechos de la ciudadanía. Estos estudios omiten la existencia de sistemas de control interno, de auditorías externas y de las estrategias de monitoreo y evaluación, con lo cual se cuestiona, con mucha facilidad y poca profundidad, la pertinencia y financiamiento de los programas sociales en el futuro.

A pesar de ello, con un gasto sujeto a la rígida restricción de la regla fiscal, seguiremos tercamente empeñados en optimizar el uso de recursos, reducir duplicidades y evaluar –desde un marco de entendimiento ampliado– las filtraciones y el impacto en el actuar de nuestras instituciones. Los estudios realizados por la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf-MTSS), desde el 2013 a la fecha, muestran una mejor focalización de la gran mayoría de los programas sociales en la población objetivo.

Agenda. Nuestra agenda muestra lo dicho. 1) Hemos realizado una integración de las beneficios económicos para la permanencia de estudiantes en el proceso educativo, que eliminará la duplicación de beneficios. 2) Para el año 2020, extenderemos el uso del Sinirube, no solo como repositorio de información y registro de beneficiarios, sino también como método de calificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales. 3) Continuamos con el fortalecimiento de las capacidades de evaluación y análisis de la Desaf, de forma tal que, junto con Sinirube, se consoliden como la central de inteligencia de la política social. 4) Impulsamos la expansión del índice de pobreza multidimensional (IPM) como métrica para la medición de la pobreza con un enfoque de derechos. 6) Estamos trabajando en fortalecer la rectoría sectorial. 7) Se ha fortalecido la Estrategia Puente al Desarrollo con nuevos componentes y se pone en operación un renovado modelo de intervención en el IMAS, que traten desde intersectorialidad una realidad que no acepta abordajes fragmentados ni intermitentes.

Se sugiere devolver el debate a una pregunta básica: ¿Podemos en adelante ver la pobreza como el incumplimiento de los más elementales derechos humanos sociales, económicos y culturales, sin los cuales tampoco hay pleno ejercicio de derechos civiles y políticos?

Una respuesta afirmativa debería sustentar una mejor comprensión del ámbito de acción del sector social, de lo determinante de su articulación con las políticas económicas, y nos permitiría aprovechar herramientas como el IPM para evaluar, con más precisión, su desempeño desde un enfoque de derechos y dignidad.

El autor es ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS.